jueves, noviembre 19, 2026
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Consejo de Estado frena decreto pensional del Gobierno por omitir estudio de impacto en la competencia

El alto tribunal suspendió provisionalmente la norma de 2025 que cambiaba las reglas para financiar el aumento de las pensiones de salario mínimo cuando superan la inflación. Mientras sale el fallo definitivo, vuelve a regir el esquema establecido en 2015.

El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de un decreto expedido por el Gobierno Nacional en 2025 con el que se había modificado el mecanismo financiero para cubrir el sobrecosto de las pensiones equivalentes a un salario mínimo, específicamente en los escenarios donde el incremento anual de este supera el índice de inflación.

La decisión judicial revierte temporalmente el esquema de pago y obliga a que, mientras se resuelve el proceso de fondo, vuelvan a aplicarse las reglas de cobertura que estaban vigentes desde 2015.

¿Qué es el “deslizamiento del salario mínimo”?

El litigio gira en torno al sistema de renta vitalicia del régimen de ahorro individual, una modalidad de seguro mediante la cual las aseguradoras garantizan el pago de una mesada pensional de por vida.

Cuando el Gobierno decreta un alza del salario mínimo por encima de la inflación, las obligaciones financieras de estas compañías frente a los pensionados de salario mínimo crecen de forma automática. A este desfase financiero se le conoce técnicamente como el “deslizamiento del salario mínimo”, un costo adicional que la ley faculta al Ejecutivo para reglamentar cómo debe cubrirse.

La razón del freno: falta de concepto de la SIC

El decreto de 2025 fue demandado bajo el argumento de que trasladaba cargas económicas tanto a las aseguradoras como a los afiliados, además de haber sido emitido sin medir su impacto en el mercado. Fue precisamente este último vicio de trámite el que llevó al alto tribunal a decretar la medida cautelar.

Según explicó la Sala, debido a que la modificación podía alterar las condiciones de competencia entre las compañías aseguradoras, el Ejecutivo tenía la obligación legal de evaluar dichos efectos antes de firmar la norma y, de ser necesario, solicitar concepto previo a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Al comprobarse que el Gobierno omitió este análisis regulatorio, el Consejo de Estado encontró méritos suficientes para congelar la aplicación del decreto. No obstante, el tribunal aclaró que esta determinación es estrictamente temporal y no representa todavía una sentencia definitiva sobre la legalidad o nulidad de la norma.

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