Lo que comenzó como una meteórica carrera hacia el Viceministerio de la Juventud terminó este 26 de marzo en una fría diligencia de imputación de cargos. Juliana Andrea Guerrero Jiménez, la exasesora del Ministerio del Interior que estuvo a un paso de manejar la política juvenil del país, ahora enfrenta a la justicia por haber construido su perfil profesional sobre cimientos de papel falso.
El esquema del engaño
La Fiscalía General de la Nación fue contundente: Guerrero no solo presentó documentos apócrifos, sino que habría orquestado un plan para engañar al sistema de Función Pública. Según el ente acusador, la exfuncionaria utilizó títulos de Tecnóloga en Gestión Contable y de Contadora Pública, presuntamente emitidos por la Fundación San José, para escalar en la estructura estatal.
Los delitos imputados:
- Fraude procesal: Por inducir al error a los funcionarios que validaron su hoja de vida.
- Falsedad en documento privado: Por la creación de los diplomas.
- Uso de documento falso: Por presentar dichos títulos ante el Ministerio.
«15 días para ser profesional»
El núcleo de la investigación, alimentado por denuncias de la representante Jennifer Pedraza, revela una cronología imposible. Los títulos de Guerrero fueron registrados apenas 15 días después de que, supuestamente, terminara sus estudios.
«Estamos ante un caso de corrupción administrativa donde se saltaron los méritos. No es solo un diploma falso, es el acceso a recursos públicos y poder de decisión bajo una mentira», señaló la congresista Pedraza durante el proceso de control político que destapó el escándalo.
Se estima que la exasesora habría pagado una suma cercana a los 8 millones de pesos por el «paquete académico» que la acreditaba como profesional sin haber pasado por las aulas el tiempo requerido.
La caída del «Castillo de Naipes»
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal del caso, quien subrayó que Guerrero «actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad», la implicada manifestó en la audiencia: «No acepto los cargos».
Esta negativa abre la puerta a un juicio oral donde la Fiscalía buscará una condena ejemplar. Por su parte, la Fundación San José ya tomó distancia del escándalo, anulando los títulos en sus registros internos desde noviembre de 2025, tras confirmar que los procesos de graduación de Guerrero no cumplieron con la ley vigente.
Contexto: Un golpe a la meritocracia
La imputación de Juliana Guerrero no es un hecho aislado. Se suma a una serie de cuestionamientos sobre la rigurosidad en los filtros de contratación del actual Gobierno. Mientras el proceso avanza, la exasesora permanece en libertad, pero con una mancha imborrable en su expediente que, irónicamente, la aleja de cualquier cargo público de por vida.
