En una movida urgente para evitar una parálisis operativa en la atención de millones de colombianos, la Superintendencia Nacional de Salud emitió hoy un llamado vehemente a los organismos competentes —incluyendo jueces, entidades bancarias y entes de control— para frenar los embargos contra las EPS, que ya alcanzan la astronómica cifra de $2.6 billones de pesos.
El sistema en «jaque»
La alerta roja se encendió tras detectarse al menos 291 procesos de embargo que mantienen bloqueados recursos vitales. Según el organismo de control, estos dineros tienen una destinación constitucional específica y, por regla general, son inembargables, ya que su función es garantizar el derecho fundamental a la salud y no el pago de acreencias mediante procesos judiciales ordinarios.
Puntos clave de la crisis:
- Afectación masiva: Los bloqueos impiden que las EPS cumplan con los pagos a hospitales, clínicas y gestores farmacéuticos, lo que pone en riesgo directo la prestación de servicios médicos y la entrega de medicamentos.
- Las más golpeadas: Entidades como la Nueva EPS se encuentran en una situación crítica, con cuentas bancarias bloqueadas que comprometen la atención de más de 11.7 millones de afiliados.
- Estrategia de vigilancia: Para 2026, la Supersalud ha anunciado un aumento del 66% en sus auditorías, enfocándose en los territorios con mayores alertas financieras.
El argumento legal
La Superintendencia ha sido clara: permitir estos embargos constituye un riesgo para la sostenibilidad del sistema. El ente recordó que existen conceptos unificados que consolidan la normativa de inembargabilidad, permitiendo excepciones solo en casos extremadamente específicos que no corresponden a la mayoría de los procesos actuales.
«Si estos recursos siguen embargados, no se podrá pagar la operación del mes ni seguir funcionando», advirtieron fuentes del sector, señalando que muchas entidades hoy dependen exclusivamente del giro directo de la ADRES para sobrevivir semana a semana.
