La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, bajo la dirección de Larry Álvarez Morales, anunció este 14 de abril una ofensiva institucional que resultó en la suspensión de 31 licencias de funcionamiento. La medida responde al hallazgo de un patrón donde estructuras criminales utilizan empresas legalmente constituidas para facilitar actividades ilícitas.
El patrón de ilegalidad
Las investigaciones de la Superintendencia, apoyadas por la Fiscalía y el sector Defensa, detectaron que compañías con permisos vigentes ponían armas, recursos y personal al servicio de organizaciones delictivas. Según el superintendente Álvarez, se han identificado armas autorizadas vinculadas a delitos y personal con nexos criminales, lo que sugiere el uso de estas empresas para el lavado de activos y otras economías ilegales.
Foco en Barranquilla y nuevas sanciones
Dentro de las acciones administrativas, se destaca el fallo de primera instancia que ordena la cancelación de licencias para dos empresas con sede en Barranquilla:
- Atenas Seguridad Privada Ltda.
- Maximus Seguridad Privada Ltda.
La entidad advirtió que este es solo el inicio de la intervención, pues actualmente cursan investigaciones que derivarán en sanciones para otras ocho empresas en diferentes regiones del país.
Vigilancia basada en inteligencia
Pese a la gravedad de los hallazgos, Álvarez Morales subrayó que la mayoría del sector —que sustenta a más de 360.000 familias— opera bajo la ley. Sin embargo, enfatizó que el nuevo enfoque de control institucional se centrará en el uso de inteligencia y analítica de datos para detectar irregularidades.
La ofensiva busca fortalecer el control de armas en manos de particulares y garantizar que los activos estratégicos de la vigilancia privada no vuelvan a ser utilizados como vehículos para el crimen organizado.
