La SAE confirmó que la congregación no paga arriendo desde 2020 y ocupó locales adicionales sin permiso. Por su parte, la iglesia reconoce la mora pero califica el procedimiento de «irregular».
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) ejecutó este jueves el desalojo del emblemático predio que albergó a ‘Titos Bolos’ en Barranquilla, inmueble incautado al clan Nasser Arana. La diligencia saca a la luz una millonaria deuda acumulada y una compleja red de registros internacionales que vinculan a los directivos de la congregación Vida Abundante.
Una deuda de seis años
Según la SAE, el desalojo responde a una mora sistemática en el pago del arrendamiento que inició en 2020 y que hoy supera los $2.227 millones. La entidad explicó que el contrato de arriendo venció oficialmente en noviembre de 2025, convirtiendo la permanencia de la iglesia en una «ocupación irregular». Además, se detectó que la congregación pasó de utilizar dos locales autorizados a cuatro, sin contar con permisos ni contratos vigentes.
Defensa y reclamación millonaria
El equipo jurídico de la fundación que opera la iglesia, liderado por el abogado Carlos Arturo Paternostro, reconoció la mora pero cuestionó la legalidad del desalojo administrativo. «La iglesia está en mora, cualquiera puede estarlo, pero deben iniciar un proceso de restitución ante un juez competente», afirmó el jurista a Zona Cero, alegando que se violó el debido proceso.
Asimismo, la iglesia anunció que reclamará una compensación superior a los $2.500 millones, argumentando que durante años han costeado el mantenimiento y la vigilancia privada del predio.
Nexos internacionales bajo la lupa
La polémica ha generado dudas entre los feligreses sobre el destino de los recursos, luego de conocerse que los directores de la iglesia, el pastor Jorge Freyle Lozano y su familia, figuran en registros del Departamento de Estado de la Florida (EE. UU.) con la entidad Abundant Life Ministries USA Inc, creada en 2020.
Aunque el pastor Freyle reconoció la existencia de esta sede internacional y otra en Montelíbano (Córdoba), enfatizó que dichas operaciones son independientes del conflicto legal que enfrentan en Barranquilla.
Posición de la SAE
A través de su cuenta de X, la SAE defendió el operativo asegurando que se busca «proteger los recursos públicos y garantizar que el bien vuelva a cumplir una función económica y social al servicio del país». El inmueble ahora entrará en un proceso de comercialización para evitar su deterioro patrimonial.
