El Juzgado 35 Penal del Circuito con Función de Conocimiento ordenó este lunes la libertad inmediata de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, tras considerar que se cumplieron los plazos legales sin que se diera inicio formal a su juicio.
Según el operador de justicia, han transcurrido 329 días desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya instalado la etapa de juicio oral. La ley establece términos estrictos para garantizar el debido proceso, y en este caso, el juzgado determinó que el juicio debió haber comenzado hace al menos 89 días.
Esta decisión se produce cuatro meses después de que el mismo juzgado hubiera negado una solicitud similar de la defensa, pero ante la persistente parálisis del proceso, los términos legales se vencieron definitivamente.
El entramado de las coimas
Sandra Ortiz es una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la acusación de la Fiscalía, la exfuncionaria habría actuado como «puente» para la entrega de 4.000 millones de pesos en coimas a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle.
Dichos pagos, presuntamente, tenían como objetivo asegurar el trámite y aprobación de las reformas y proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Legislativo.
Denuncias de presiones
A pesar de quedar en libertad, Ortiz continúa vinculada al proceso penal. En audiencias previas, la exconsejera ha mantenido una postura de defensa agresiva, denunciando presuntas presiones por parte de la Fiscalía para declarar en contra de altos miembros del gabinete nacional.
«Como se lo dije un día al coordinador de la Fiscalía: ‘Si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento’. Eso pasó», aseguró Ortiz en su momento, calificando el proceso como una estrategia para forzar su colaboración contra el Gobierno.
Con esta decisión, la exconsejera enfrentará el resto del proceso en libertad, mientras la justicia intenta destrabar un juicio que sigue siendo clave para esclarecer uno de los mayores escándalos de corrupción recientes en el país.
