En una declaración de autocrítica institucional, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, reconoció que la entidad padece un déficit de capacidades técnicas y operativas para supervisar a las EPS en el país. El pronunciamiento se dio tras conocerse un informe de la Contraloría General de la República que califica como «crítica» la situación de las entidades intervenidas.
Quintero, quien asumió recientemente el cargo, afirmó estar de acuerdo con las advertencias del ente de control. “A la Superintendencia le han faltado capacidades de inspección, vigilancia y control sobre las EPS intervenidas y no intervenidas”, señaló el funcionario, subrayando que la institución carece de la tecnología y el flujo de información necesarios para garantizar un seguimiento eficaz.
Una intervención bajo la lupa
La reacción del Superintendente surge luego de que la Contraloría emitiera una alerta por el deterioro «crítico y sostenido» de las EPS que se encuentran bajo intervención forzosa administrativa. Según el ente de control, estas medidas no están cumpliendo su objetivo de estabilizar el sistema; por el contrario, han profundizado la crisis financiera.
El informe concluye que:
- Existe un riesgo relevante sobre los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
- Se evidencia una amenaza real a la continuidad en la prestación del servicio para millones de usuarios.
- El deterioro financiero de las EPS intervenidas pone en jaque la operación de clínicas y hospitales, que dependen de estos pagos para funcionar.
Hacia una reestructuración del control
Durante el Comité Directivo de la Supersalud realizado este lunes, Quintero enfatizó en la urgencia de modernizar los procesos de la entidad para evitar que los recursos públicos se pierdan en una gestión ineficiente.
La admisión del Superintendente marca un giro en la postura del Gobierno frente a las intervenciones, pasando de la defensa de la medida a la aceptación de que, sin un control tecnológico y administrativo riguroso, la crisis de salud podría agravarse para los prestadores y pacientes en todo el territorio nacional.


