El gobierno del presidente Rodrigo Paz calificó de «injerencia» las afirmaciones del mandatario colombiano sobre la insurrección popular en el país andino. La Cancillería aclaró que la medida no significa una ruptura de los lazos bilaterales.
En un drástico giro de la política exterior en la región, el Gobierno de Bolivia ordenó este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García. La determinación oficial responde a las recientes posturas públicas asumidas por el presidente colombiano, Gustavo Petro, respecto al agudo conflicto social y los bloqueos que sacuden al territorio boliviano, las cuales fueron catalogadas formalmente como una intromisión en los asuntos internos del país.
A través de un comunicado emitido por la Cancillería boliviana, se notificó que el Ejecutivo «ha decidido solicitar a la Embajadora de la República de Colombia acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano». Para tal fin, se le otorgó a la diplomática el plazo perentorio contemplado en los tratados y normas internacionales vigentes.
Defensa de la soberanía sin ruptura total
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia enfatizó que la salida de la diplomática colombiana obedece a la urgencia de salvaguardar los principios de soberanía, respeto mutuo y no intervención. No obstante, las autoridades bolivianas matizaron el alcance de la sanción para evitar un aislamiento total.
La estrategia diplomática de la administración de Rodrigo Paz se fundamenta en los siguientes puntos:
- Continuidad de lazos: La decisión no constituye una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con el Estado colombiano.
- Vínculos históricos: Se aclaró que la medida no altera los nexos de amistad, cooperación y respeto que unen a los dos pueblos.
- Solución interna: El Gobierno boliviano insistió en que las discrepancias políticas deben resolverse estrictamente bajo el marco constitucional nacional, rechazando cualquier arbitraje o interferencia externa.
El detonante del conflicto
La tensión escaló luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara públicamente que Bolivia atraviesa una «insurrección popular» que responde a una «soberbia geopolítica». Petro hizo alusión a las protestas y cortes de rutas liderados por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y bases afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la dimisión del actual mandatario Rodrigo Paz, quien apenas acumula seis meses de gestión.
El panorama en la sede de Gobierno se ha tornado crítico tras 15 días consecutivos de bloqueos viales, provocando desabastecimiento de combustibles, alimentos esenciales e insumos médicos vitales como el oxígeno medicinal. Los disturbios y saqueos registrados a comienzos de semana en La Paz coinciden, además, con las advertencias hechas por el vicesecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, quien denunció que los movimientos de oposición configuran un «golpe de Estado en marcha».



