El Ministerio de Justicia de Colombia confirmó que su infraestructura tecnológica sufrió un grave ataque informático mediante un virus tipo ransomware. El incidente comprometió parte de sus sistemas y afectó de forma directa la disponibilidad de varios de sus servicios institucionales.
La ministra encargada, Cielo Rusinque, rechazó de manera contundente el hecho delictivo. Asimismo, emitió un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás autoridades competentes para que adelanten las investigaciones con la mayor celeridad posible para esclarecer lo sucedido.
Activación de protocolos y contención
De acuerdo con la funcionaria, los protocolos de ciberseguridad y contención se activaron de inmediato tras la detección de la anomalía. Como primera medida de emergencia, se ordenó el aislamiento preventivo de los sistemas comprometidos para evitar que el virus se propagara a otras áreas de la red institucional.
La cartera de Justicia trabaja actualmente en coordinación con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). El equipo técnico conjunto busca mitigar el ataque, determinar el alcance real de la filtración, avanzar en la recuperación segura de los datos y restablecer los servicios digitales de forma gradual.
«No cederemos ante este tipo de ataques y continuaremos fortaleciendo nuestras capacidades de ciberseguridad para proteger la información institucional, garantizar la continuidad de los servicios y reforzar nuestra infraestructura tecnológica», enfatizó Rusinque.
Reacciones del sector
Previo al pronunciamiento oficial de la cartera, el ministro designado, Iván Cancino, ya había manifestado su preocupación por la vulnerabilidad del sistema y exigió acciones inmediatas a los organismos de inteligencia del Estado.
«Pido a las autoridades actuar con rapidez para verificar quién fue el responsable y cuál fue el propósito de este ataque», sostuvo Cancino a través de sus canales oficiales.
Las autoridades de ciberseguridad del país ya se encuentran al frente del caso para identificar el origen del secuestro de datos y evaluar el nivel de afectación en los trámites ciudadanos.
