domingo, noviembre 15, 2026
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Pereira se queda sin reconocimiento deportivo y no jugará la Liga

El Ministerio del Deporte de Colombia ratificó la suspensión del reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira mediante la resolución 00740 de 2026, tras rechazar el recurso de apelación presentado por el club contra la resolución 001053 de 2025. Con este fallo de segunda instancia, el equipo matecaña queda inhabilitado de inmediato para competir en el torneo local, afectando inicialmente su partido de este lunes 10 de agosto frente a Junior en Barranquilla.

Detalles del fallo y debido proceso

La máxima autoridad del deporte nacional determinó de forma categórica que la institución no sufrió ninguna violación a sus garantías constitucionales. Según el Ministerio, el club fue notificado y requerido a tiempo, otorgándole todos los escenarios legales para presentar pruebas de descargos y ejercer los recursos correspondientes para su defensa.

Consecuencias inmediatas en el calendario

El impacto de la medida administrativa paraliza la actividad deportiva del club. Además de la imposibilidad de jugar en el estadio Romelio Martínez contra el Junior de Barranquilla, el Pereira ya venía de aplazar su compromiso de la tercera fecha ante Santa Fe, el cual debía disputarse en condición de local.

Una crisis laboral que viene desde el año anterior

Este dictamen agudiza la problemática institucional del equipo de Risaralda. Durante la temporada pasada, la plantilla de futbolistas profesionales decidió plantarse y negarse a competir debido a los constantes retrasos e incumplimientos en el pago de sus salarios, obligando al club a terminar el campeonato disputando los últimos partidos con una nómina improvisada de jugadores juveniles.

El sustento legal de la medida

La decisión ministerial se alinea con la doctrina fijada por el propio organismo en octubre del año anterior. En esa fecha, la entidad aclaró que la pérdida del reconocimiento deportivo por deudas laborales o de seguridad social no se ejecuta de manera automática, sino que requiere un proceso administrativo formal que asegure la defensa, la contradicción y la representación legal del sancionado; requisitos que se cumplieron a cabalidad antes de emitir la resolución definitiva.

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