El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que desde el Trópico de Cochabamba salieron más de ocho millones de bolivianos para sostener los bloqueos de 53 días ocurridos entre mayo y junio. Sobre el exmandatario pesan dos órdenes de captura.
La crisis política y judicial alrededor del expresidente boliviano Evo Morales escaló a un nuevo nivel este miércoles. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz acusó directamente al exmandatario (2006-2019) de encabezar una estructura de narcotráfico en su histórico bastión sindical y de utilizar esos recursos ilícitos para financiar las violentas protestas que paralizaron al país durante siete semanas a mediados de este año.
La denuncia fue formulada por el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, en declaraciones a la radio local Erbol. Según el alto funcionario, Morales controla «toda la producción» de droga que sale del Trópico de Cochabamba, una de las principales zonas de cultivo de hoja de coca en el centro del país.
El rastro del dinero y los bloqueos de 53 días
De acuerdo con Oviedo, las labores de inteligencia y los operativos policiales ejecutados durante los cortes de rutas entre mayo y junio permitieron detectar el flujo de dinero destinado a sostener las movilizaciones que exigían la dimisión del presidente Paz en medio de la crisis económica.
“Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector. Más de ocho millones de bolivianos salían del Trópico”, afirmó el ministro, quien también vinculó a organizaciones campesinas, como la federación Tupac Katari de La Paz, en el financiamiento de las jornadas de presión.
Aquellas manifestaciones —impulsadas por sectores afines a Morales, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB)— dejaron un saldo trágico de 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica oportuna debido al cierre de carreteras. En el punto más álgido de la crisis, Morales había advertido públicamente que al mandatario solo le quedaban dos salidas: «militarizar» el país o convocar a elecciones en noventa días para evitar más víctimas.
El cerco judicial sobre el exmandatario
Las acusaciones del Ejecutivo se suman a un complejo frente judicial que mantiene a Morales atrincherado en su región cocalera desde hace más de dos años:
- Alzamiento armado y terrorismo: La Fiscalía mantiene abierta una causa penal contra el exjefe de Estado por su presunto liderazgo en las protestas de mayo y junio, proceso que ya cuenta con una orden de captura vigente.
- Trata agravada de personas: Previamente, la justicia había emitido otra orden de aprehensión en su contra por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial, con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016.
