Lo que debía ser una sesión ordinaria para presentar resultados se transformó en un escenario de alta tensión en Corferias. Desde el inicio de la Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol, el presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa Barragán, fue recibido con fuertes abucheos, silbatinas y gritos de «¡fuera!» y «¡corrupto!» por parte de un nutrido grupo de accionistas minoritarios.
Bloqueo al debate y estallido de inconformidad
El momento de mayor fricción ocurrió cuando la mesa directiva rechazó una proposición presentada por accionistas minoritarios para incluir en el orden del día un debate formal sobre la continuidad de Roa en el cargo. Esta negativa caldeó los ánimos en el auditorio, donde los inversionistas expresaron su preocupación por el impacto que las investigaciones judiciales contra el directivo están teniendo en la credibilidad y el valor de la acción de la compañía.
Puntos clave de la controversia:
- Investigaciones en curso: La presión sobre Roa se intensificó tras la imputación por presunto tráfico de influencias y las indagaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) relacionadas con su rol como gerente de campaña presidencial.
- Respaldo de la Junta: Pese al ambiente hostil, la Junta Directiva de Ecopetrol ratificó su respaldo a Roa apenas dos días antes de la asamblea, argumentando que han evaluado los riesgos y mantienen un seguimiento constante a los procesos legales.
- Amenaza sindical: Paralelamente, la Unión Sindical Obrera (USO) advirtió que, de no producirse la salida de Roa, convocarán movilizaciones nacionales que podrían afectar la producción de combustibles en el país.
«Tengo cómo demostrar mi inocencia»
Durante su intervención, que fue interrumpida en varias ocasiones por el ruido del público, Ricardo Roa se mantuvo firme en su posición. El directivo aseguró que cuenta con las pruebas para defender su gestión y su integridad, descartando una renuncia inmediata a pesar de la «lluvia de solicitudes» de diversos sectores.
La jornada concluye con un Ecopetrol dividido, donde el gobierno corporativo enfrenta el reto de recuperar la confianza de los más de 300.000 accionistas minoritarios que hoy ven con incertidumbre el futuro de la joya de la corona de la economía colombiana.


