Mientras Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, se sentaba a la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional bajo la bandera de la «Paz Total», sus dispositivos electrónicos contaban una historia muy diferente. Chats y archivos incautados revelan que, lejos de un compromiso genuino con el cese al fuego, el cabecilla ordenó asesinatos selectivos, reclutamiento forzado de menores y un fortalecimiento militar sin precedentes.
Órdenes de muerte en pleno cese al fuego
Uno de los hallazgos más crudos en los computadores analizados por la Fiscalía General y revelados recientemente es la orden directa de asesinar a excombatientes y civiles. En enero de 2024, durante la vigencia de un cese al fuego, Calarcá habría ordenado la ejecución de un firmante de paz bajo el argumento de que este «hablaba mal de él».
Las pruebas incluyen fotografías de las víctimas con vida, amarradas o golpeadas, seguidas de imágenes de sus cuerpos acribillados. Este patrón de violencia sistemática contra quienes abandonaron las armas ha generado una ola de indignación y cuestionamientos sobre la eficacia del monitoreo estatal.
Reclutamiento: El incumplimiento de la «línea roja»
Pese a los compromisos públicos de no reclutar menores de edad, las evidencias muestran reportes internos de lugartenientes entregando «cuotas» de nuevos integrantes, incluyendo niñas de apenas 14 años.
- Aumento de hombres: Bajo el cobijo de las negociaciones, el grupo de Calarcá pasó de unos 100 integrantes en 2022 a cerca de 2,800 combatientes en la actualidad.
- Expansión territorial: Su presencia pasó de 66 municipios a 110 en el mismo periodo, aprovechando la reducción de la presión militar durante los ceses bilaterales.
Infiltración en el Estado y apoyo extranjero
La investigación periodística de medios como Noticias Caracol también ha destapado posibles nexos con altos mandos. La Fiscalía investiga la presunta cooptación de agentes de inteligencia y nexos con el general del Ejército Juan Miguel Huertas.
Además, se halló evidencia de un ciudadano chino, identificado como ‘Yiinchan’, quien habría brindado asesoría técnica para la fabricación de morteros y armamento pesado en los campamentos guerrilleros.
Reacción de las autoridades
Ante la gravedad de estas revelaciones, la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, confirmó el 27 de marzo de 2026 que el ente acusador evalúa la reactivación de la orden de captura contra alias ‘Calarcá’. Por su parte, el Gobierno ha solicitado exámenes forenses a los chats, mientras diversos sectores políticos reclaman que se suspendan los beneficios jurídicos a quienes utilizan la paz como una estrategia de fortalecimiento criminal.
