Siete años después de los hechos ocurridos en el municipio de Arenal, la Fiscalía General de la Nación presentó cargos formales contra cuatro integrantes del Ejército Nacional. Se les señala como presuntos responsables del homicidio de un civil, en un procedimiento que la justicia califica como desproporcionado y violatorio de los protocolos de guerra.
El contexto: Una misión de «alta precisión»
El 9 de abril de 2017, un grupo élite de tiradores del Batallón de Acción Directa N°1 (Quinta Brigada)fue desplegado en el sur de Bolívar. Su objetivo era capturar a alias ‘Cusi’, un cabecilla del ELN que operaba en la zona.
La unidad estaba liderada por el teniente Luis Adolfo Barrios Zuzunaga, quien junto a los soldados profesionales Alcibiades Machado, Mario Calderón y Óscar García, realizaba desplazamientos tácticos cuando interceptaron a dos hombres que caminaban por la región.
El desenlace fatal
De acuerdo con el material probatorio de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, al verse abordados por los uniformados, los dos civiles intentaron huir. En ese momento, bajo órdenes del teniente Barrios, los militares abrieron fuego con sus armas de dotación para impedir el escape.
El balance de la acción fue:
- Un campesino fallecido en el lugar por impactos de bala.
- Un civil capturado, quien no tenía vínculos con la insurgencia.
Las fallas en el protocolo
La Fiscalía enfatizó que las víctimas no tenían relación alguna con el objetivo militar. De hecho, el verdadero alias ‘Cusi’ fue capturado horas más tarde en un punto geográfico distante, lo que desvirtúa la necesidad del uso de la fuerza contra los campesinos.
El ente acusador sostiene que los uniformados no se identificaron plenamente ni agotaron los recursos para que los ciudadanos comprendieran la orden de detenerse, actuando de forma contraria a las normas que protegen a la población civil en zonas de conflicto.
Cargo judicial
Por estos hechos, los cuatro militares han sido acusados del delito de homicidio en persona protegida. El proceso busca determinar la responsabilidad individual en lo que se perfila como un error táctico con consecuencias penales por el uso letal e injustificado de la fuerza.
