Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres hombres señalados de integrar una red criminal que, bajo la fachada de una veeduría ciudadana, extorsionaba a mandatarios locales y funcionarios públicos en el departamento del Cesar.
Los procesados fueron identificados por la Fiscalía General de la Nación como Juan David López Rojas, presunto cabecilla de la organización; José Carlos Toncel García, quien habría actuado como intermediario; y Federman Asley López, señalado de coordinar la logística y la recepción del dinero.
El «modus operandi»
De acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (Gaula), los hoy imputados contactaban a sus víctimas para exigirles sumas de dinero que oscilaban entre los 100 y 300 millones de pesos.
El ente acusador reveló que el objetivo de estas exigencias era doble:
- Abstenerse de interponer denuncias por presuntos actos de corrupción.
- Retirar acciones ya presentadas ante diversos organismos de control.
Víctimas identificadas
Entre los casos documentados por las autoridades se encuentran extorsiones dirigidas contra el alcalde y el gerente de la empresa de servicios públicos de La Jagua de Ibirico, así como contra el alcalde del municipio de Becerril.
Situación jurídica
Durante las audiencias concentradas, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión agravada. Pese a la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados, ninguno de los tres capturados aceptó los cargos.
Por determinación del juez, los sujetos deberán cumplir la medida de aseguramiento en un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Este operativo representa un golpe a las estructuras que instrumentalizan los mecanismos de participación ciudadana para fines delictivos en la región Caribe.
