El reciente destape de audios entre el exdirector de la DNI, Jorge Lemus, y el entorno del zar del contrabando, Diego Marín, deja al descubierto una diplomacia paralela que buscaba incluir a un capo del comercio ilegal en la política de ‘Paz Total’ a cambio de silencio o colaboración.
El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un nuevo sismo político tras la filtración de grabaciones que detallan reuniones privadas entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’. Los encuentros, ocurridos mientras Marín evadía la justicia en Portugal, revelan una oferta institucional inusual: beneficios judiciales y un asiento en la mesa de la ‘Paz Total’ para el mayor contrabandista del país.
El factor de presión: «¿Se tira al Gobierno?»
El eje de la controversia no es solo la negociación jurídica, sino la capacidad de daño que el abogado Ramírez atribuyó a su cliente. En una reunión fechada el 26 de febrero de 2025, el jurista fue tajante: Marín posee información que podría desestabilizar la administración actual.
En los audios, Ramírez menciona nombres propios del entorno presidencial —como «Ramón el español» (Ramón Devesa) e Isaac Beltrán— como presuntos emisarios que habrían buscado a Marín. La sombra de una supuesta devolución de 500 millones de pesos, que habrían ingresado irregularmente a la campaña de 2022, aparece como el fantasma que el Gobierno intentaba conjurar a través de estas reuniones.
La oferta de la DNI: Entre la paz y la Fiscalía
Lo más crítico de las revelaciones es la propuesta de Lemus para utilizar el marco de la ‘Paz Total’ —diseñado originalmente para grupos armados ideológicos o de crimen organizado de alto impacto— como un salvoconducto para Marín.
“Hay una ley que nos permite eso”, se escucha decir a Lemus, quien además sugirió una posible intermediación ante la Fiscalía General de la Nación para gestionar beneficios que «favorecieran» al contrabandista. Este ofrecimiento de «mano amiga» desde la Casa de Nariño en asuntos judiciales pone en entredicho la separación de poderes y la naturaleza de las funciones de inteligencia del Estado.
Versiones encontradas y el silencio oficial
La narrativa del Gobierno ha intentado controlar los daños. Mientras Jorge Lemus sostiene que los encuentros fueron autorizados por el presidente Petro y grabados preventivamente ante posibles intentos de soborno, el abogado Ramírez contradice el origen de las citas, asegurando que fue el Ejecutivo quien tomó la iniciativa del contacto.
Por su parte, el presidente Petro defendió la gestión alegando que el objetivo único era el retorno de Marín para que respondiera ante la justicia, admitiendo que algunos «emisarios» habrían intentado lucrarse en el proceso, razón por la cual habrían sido apartados de sus cargos.
Las fichas en el tablero
- Jorge Lemus: El exjefe de inteligencia que pasó de la «estima» por Marín a la justificación de una misión oficial.
- Augusto Rodríguez: El director de la UNP, señalado por Lemus de estar «mal de la cabeza», tras denunciar intentos de Marín por infiltrar dinero en la campaña.
- Diego Marín: El hombre que, desde el exilio en Europa, parece tener la llave de un secreto que el Palacio de Nariño intentó negociar bajo el rótulo de la paz.
Este episodio deja una pregunta abierta sobre los límites de la ‘Paz Total’: ¿es una herramienta de reconciliación nacional o un paraguas jurídico para desactivar escándalos políticos?
