El despacho judicial determinó que Gette es víctima en el proceso por la elección irregular de Ramsés Vargas Lamadrid. El Ministerio de Educación y la Universidad apelaron la decisión.
En una decisión que sacude los cimientos académicos y judiciales de la región, el Juez Segundo Penal Municipal con control de garantías, Néstor Segundo Primera, ordenó este miércoles el restablecimiento de los derechos de Silvia Gette Ponce, permitiéndole reasumir la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
El argumento: Gette como víctima de un fraude
El togado basó su decisión en la investigación de la Fiscalía que sugiere que las actas del Consejo Directivo de 2013, utilizadas para nombrar a Ramsés Vargas Lamadrid como rector, habrían sido falsificadas. Según el despacho, al ser apartada del cargo mediante maniobras presuntamente ilegales, Gette Ponce ostenta la calidad de víctima en el proceso por fraude procesal y falsedad en documento privado.
Ante los cuestionamientos sobre el pasado judicial de la exrectora —condenada en 2019 por abuso de confianza tras desviar un millón de dólares de la institución—, el juez fue enfático: «Una vez cumplida la pena no se le puede cercenar en la misma». Primera argumentó que, habiendo cumplido sus 63 meses de prisión e inhabilidad en abril de 2022, el Estado debe garantizar su resocialización sin señalamientos permanentes.
La férrea oposición del Ministerio de Educación
La decisión no fue bien recibida por el Ministerio de Educación ni por la actual administración de la Uniautónoma. El ente gubernamental sostuvo que Gette no puede ser considerada víctima, pues al momento del nombramiento de Vargas Lamadrid ella ya no ejercía el cargo y enfrentaba medidas de aseguramiento. Para el Ministerio, si hubo un engaño en el registro del nombramiento, la víctima directa es el Estado.
Por su parte, defensas técnicas de los implicados argumentaron que esta reclamación debió tramitarse en la jurisdicción laboral y no ante un juez de garantías.
Antecedentes del caso
La génesis de esta disputa se remonta a noviembre de 2025, cuando la Fiscalía imputó a miembros del Consejo Directivo de 2013 (incluyendo a Mariano Romero, Paul García y Arturo González) por elegir irregularmente a Vargas Lamadrid. Según el ente acusador, los estatutos dictaban que la suplencia de Gette —quien estaba bajo licencia de 6 meses— debía ser asumida por el vicerrector y no por Vargas, quien presuntamente no cumplía con los requisitos para el cargo.
¿Qué sigue ahora?
Aunque la Fiscalía y la defensa de Ramsés Vargas se mostraron conformes con el fallo, el Ministerio de Educación y la Universidad Autónoma interpusieron un recurso de apelación.
La sustentación de este recurso se llevará a cabo el próximo lunes 13 de abril a las 9:00 a.m., fecha en la que se definirá si la orden de reintegro de Silvia Gette se mantiene en firme o es revocada por una instancia superior.
