La Delegación del Gobierno Nacional tomó la decisión tras confirmarse el ingreso irregular del artista a la cárcel de alta seguridad. El INPEC ya ordenó la remoción de la cúpula del penal e investigaciones disciplinarias.
Lo que debía ser un espacio de conversación socio-jurídica para avanzar en la paz urbana en el Valle de Aburrá terminó en un fuerte choque institucional. El Gobierno Nacional anunció este jueves la suspensión inmediata de la agenda de interlocución con los voceros de las estructuras criminales recluidas en la Cárcel de Itagüí, tras el polémico ingreso del cantante vallenato Nelson Velásquez para una fiesta privada el pasado 8 de abril.
Sin garantías para el diálogo
A través de un comunicado oficial, los representantes del Gobierno rechazaron de manera «contundente y categórica» lo ocurrido, enfatizando que este tipo de eventos no forman parte de las garantías otorgadas para el funcionamiento de la mesa de paz.
«Se suspende la agenda hasta no tener claridad sobre la responsabilidad de los voceros en estos hechos», advirtió la Delegación, dejando en el aire el futuro de las negociaciones que buscan reducir la violencia en Medellín y su área metropolitana.
Purga en el INPEC
La respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no se hizo esperar. Ante la gravedad de la falta en un pabellón de alta seguridad, se adoptaron medidas drásticas:
- Relevo de mando: Se ordenó el cambio inmediato del director encargado del establecimiento y el traslado del comandante de vigilancia.
- Investigaciones: Siete funcionarios que estaban de servicio durante la visita del artista enfrentan ahora procesos disciplinarios.
- Intervención: Grupos Especiales del Inpec ingresaron al pabellón de alta seguridad para realizar operativos de control y recolección de evidencia.
El detonante
El escándalo estalló cuando se filtró la presencia de Nelson Velásquez en el penal. El Inpec busca esclarecer cómo se autorizó el ingreso del cantante y bajo qué argumentos se permitió una «parranda» en un recinto que alberga a los principales cabecillas de bandas delincuenciales.
Por ahora, el proceso de paz urbana queda en un «congelador» político, condicionado a los resultados de las investigaciones que determinen quién dio la orden de abrir las puertas al acordeón en medio de un proceso de sometimiento a la justicia.
