La Federación Colombiana de Municipios tildó de «irresponsables» las declaraciones del presidente Petro, quien responsabilizó a los mandatarios locales por los incrementos. Fedemunicipios asegura que solo cumplen con el Plan Nacional de Desarrollo.
El incremento en el impuesto predial ha desatado una fuerte tensión política en Colombia. Luego de que el presidente Gustavo Petro responsabilizara directamente a los alcaldes por las alzas que hoy afectan el bolsillo de los ciudadanos, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) respondió con dureza, calificando las acusaciones del mandatario como «irresponsables y demagógicas».
El origen del alza: ¿Cumplimiento de ley o decisión local?
Según Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios, los mandatarios locales no están actuando por voluntad propia. La entidad sostiene que los nuevos avalúos catastrales responden al cumplimiento del artículo 49 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo (PND) del propio gobierno Petro.
Dicha normativa ordenó una actualización catastral en 520 municipios priorizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). «Los municipios están cumpliendo la ley basándose en lo establecido en el PND», enfatizó Toro, señalando que los alcaldes no tienen competencia sobre la determinación de los avalúos, los cuales son la base del impuesto.
Crisis social y falta de pedagogía
La medida ha provocado bloqueos y manifestaciones en departamentos como Santander, Meta y Cundinamarca. Ante este panorama, Fedemunicipios advirtió que la situación está generando una crisis de gobernabilidad local y exigió al Gobierno Nacional asumir su responsabilidad en la implementación de esta política.
«Se requiere mayor articulación y pedagogía desde el Gobierno para evitar la desinformación», agregó Toro, haciendo un llamado a trabajar de manera conjunta para mitigar el impacto económico en la ciudadanía.
La respuesta del IGAC
Por su parte, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) informó que ha iniciado mesas de diálogo con veedurías, líderes comunitarios y alcaldías para revisar casos críticos. El instituto confirmó que ya se están corrigiendo inconsistencias en municipios específicos:
- Palma de Torres (Santander): Ya cuenta con una resolución de modificación de resultados para la vigencia 2026.
- Choachí (Cundinamarca): Se estableció un plan de trabajo para revisar los avalúos en zonas de reserva ambiental.
El IGAC reiteró que mantiene canales abiertos con las Secretarías de Hacienda para abordar las inquietudes sobre los límites del Impuesto Predial Unificado y ajustar los resultados derivados de la aplicación de la metodología del Artículo 49 donde sea necesario.
