El organismo de control alerta sobre un endeudamiento acelerado, tasas de interés en máximos y millonarias obligaciones acumuladas en salud, energía y víctimas.
En una contundente intervención sobre el estado de las finanzas del país, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, emitió una función de advertencia dirigida al Ministerio de Hacienda. El organismo de control señala un crecimiento desmedido de la deuda pública y una «débil articulación» entre lo que el Estado gasta y lo que realmente recauda.
Según el análisis de la Contraloría, las condiciones para financiar al país se han vuelto críticas. Las tasas de los títulos de deuda pública (TES) han alcanzado niveles de hasta el 14,03% en el largo plazo, lo que refleja un deterioro en la confianza financiera y un costo mucho más alto para el Estado al momento de pedir prestado.
Sectores en cuidados intensivos
La advertencia no solo se centra en la macroeconomía, sino en cómo esta presión ya está golpeando sectores clave que enfrentan deudas monumentales:
- Salud: Las EPS acumulan deudas por $32,98 billones, sumado a un incremento en las obligaciones de gestores farmacéuticos que llegaría a los $3,8 billones en 2025.
- Energía: El Estado debe cerca de $3,8 billones en subsidios eléctricos, una situación que se agrava ante la inminente llegada del Fenómeno del Niño en el segundo semestre de 2026.
- Contingencias Judiciales: Existen fallos en contra del Estado por $17 billones, de los cuales casi 15 billones deben pagarse en menos de un año, presionando la caja pública de forma inmediata.
- Víctimas: Con 7,8 millones de personas pendientes de reparación, la deuda estimada asciende a los $133 billones.
«Solidez, no promesas»
El Contralor Rodríguez fue enfático al solicitar al Ejecutivo que priorice la realidad técnica sobre los anuncios políticos. «El primer acto de gobierno no debe ser anunciar nuevas promesas. Debe ser presentar el plan de recuperación económica que el país necesita», sentenció el funcionario.
Para la Contraloría, este ciclo de gobierno será juzgado por la capacidad de tomar decisiones fiscales responsables que eviten comprometer la sostenibilidad del país a largo plazo.
