martes, noviembre 17, 2026
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Rechazo nacional por adoctrinamiento, disidencias de las Farc irrumpieron en escuela de Nariño

Miembros de la estructura ‘Franco Benavides’ ingresaron armados a un plantel rural en Policarpa. El Gobierno Nacional calificó el hecho como una «grave infracción» al Derecho Internacional Humanitario.

Una fuerte polémica y el rechazo unánime de las autoridades generó la incursión de miembros del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC, en una institución educativa rural del municipio de Policarpa, Nariño. Los subversivos ingresaron al salón de clases portando armas de largo alcance para realizar una actividad de «propaganda» y adoctrinamiento con menores de edad.

A través de videos y fotografías difundidas, se observa a los guerrilleros —identificados con los alias de Héctor, Cristian y Mauricio— entregando kits escolares a los niños. En el material impreso que acompañaba los útiles, el grupo armado aseguraba que su labor era «hacer felices a los niños donde el Estado los tiene abandonados», una estrategia que las autoridades han calificado como instrumentalización de la niñez.

Infracción al Derecho Internacional Humanitario

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos rechazó de manera categórica el suceso, recordando que las escuelas son bienes protegidos. «El ingreso de actores armados constituye una grave infracción inadmisible. Los entornos escolares deben ser espacios seguros y libres de cualquier forma de injerencia por parte de grupos ilegales», sentenció el organismo.

La entidad también hizo un llamado urgente a los grupos armados para que respeten de forma irrestricta los derechos de los niños y niñas, absteniéndose de cualquier acción que los involucre, directa o indirectamente, en el conflicto armado que vive el país.

Inteligencia y recompensas

Este hecho ocurre en medio de la ofensiva nacional contra el EMC, liderado por alias Iván Mordisco, por quien el Gobierno colombiano mantiene una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Las autoridades señalaron que este tipo de eventos no son actos de caridad, sino tácticas de presión social y búsqueda de legitimidad en territorios fronterizos con Ecuador.

Expertos en seguridad advierten que la exposición de los menores a escenarios de riesgo y su utilización para fotografías con personal uniformado y armado vulnera tratados internacionales y pone en peligro la integridad física y psicológica de la población estudiantil en el suroccidente del país.

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