La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva tras la clausura de las piscinas de la Universidad del Atlántico, ocurrida en marzo de este año. El ente de control solicitó explicaciones formales al rector de la institución, Rafael Castillo Pacheco, para esclarecer las presuntas irregularidades higiénico-sanitarias denunciadas por la comunidad y medios locales.
A través de una misiva, la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico exigió un reporte detallado que incluya los resultados de los análisis de laboratorio realizados al agua, el registro fotográfico del escenario previo al cierre y las actas de mantenimiento de los últimos dos años. La entidad busca determinar si existió negligencia en el cuidado de estos espacios de formación deportiva.
Exigen protocolos y capacitación
El requerimiento no solo se limita al estado físico de las estructuras. La Procuraduría pidió identificar al personal encargado del manejo de las piscinas, adjuntando sus certificados de capacitación, así como los protocolos de contingencia adoptados por la universidad para proteger a los usuarios.
Cinco días de plazo
La administración de la Universidad del Atlántico dispone de un término de cinco días para responder a los siguientes puntos clave:
- Existencia de quejas por afectaciones a la saludde estudiantes o docentes vinculadas al uso de las albercas.
- Medidas de seguridad implementadas tras la orden de clausura emitida por la autoridad sanitaria.
- Estado actual del plan de mejoramiento exigido por la Secretaría de Salud para permitir la reapertura.
Con esta intervención, el Ministerio Público busca garantizar que el alma mater cumpla con los estándares de seguridad necesarios para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.
