Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, anuncia acciones legales por el uso de su firma en una autorización que desconoce. La UNP defiende el esquema y señala «contradicciones» en la versión de la exdirectora del Dapre.
Un nuevo escándalo sacude al Ejecutivo tras las denuncias de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación, sobre el esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero, exjefa de gabinete del Ministerio del Interior. La controversia gira en torno a un documento de autorización que cuenta con la firma de Rodríguez, pero cuyo contenido ella asegura desconocer.
En entrevista con La FM, Rodríguez confirmó que la firma que aparece en el documento es suya, pero fue tajante al señalar que ella no redactó el texto ni tuvo conocimiento de dicha autorización. «Tomaré acciones legales», advirtió la funcionaria, quien además cuestionó la «inusual rapidez» con la que la Unidad Nacional de Protección (UNP) otorgó las medidas a Guerrero.
¿Privilegios o protección necesaria?
La polémica creció tras las declaraciones del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien denunció que Guerrero —quien ya no es funcionaria pública— contaría con un esquema desproporcionado de tres carros blindados y nueve escoltas costeados por el Estado.
Sin embargo, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, desmintió estas cifras calificándolas como una «exageración enorme» y una falta de rigurosidad técnica. Aunque se negó a dar detalles específicos por reserva legal, aseguró que Guerrero no posee tal cantidad de vehículos ni personal.
La versión de la UNP
Augusto Rodríguez defendió la legalidad del esquema explicando que las medidas se originaron durante el paso de Guerrero por el Ministerio del Interior tras reportar riesgos evaluados técnicamente. Además, justificó que actualmente la joven sigue bajo protección debido a su perfil como activista.
Sobre la polémica carta firmada por Angie Rodríguez, el director de la UNP lanzó un dardo contra la denunciante: “Ella (Angie Rodríguez) solicitó de manera muy urgente la protección el mismo día en que Guerrero fue nombrada. Hay una curiosa contradicción entre lo que se hizo en su momento y lo que se dice ahora”, puntualizó.
El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, mientras la opinión pública cuestiona los criterios de asignación de esquemas de protección para exfuncionarios y líderes sociales en el país.
