La exreina y actriz es señalada de presentar un certificado académico irregular para obtener un contrato de $55 millones con la Alcaldía de Cartagena en 2025. La audiencia está programada para el 30 de abril.
La exreina nacional de la belleza y actriz Yeimy Paola Vargas enfrenta un complejo panorama judicial. La Fiscalía General de la Nación citó a la artista a una audiencia de imputación de cargos por el delito de falsedad en documento público, tras hallarse presuntas inconsistencias en los soportes académicos que presentó para contratar con el Distrito.
La investigación se originó tras la alerta del investigador Álvaro González Álvarez, quien detectó anomalías en un acta que acreditaba a Vargas como tecnóloga laboral en actuación y teatro. El documento, supuestamente emitido por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, presentaba tipografías sospechosas en el nombre de la implicada.
Certificado inexistente
La prueba reina del ente acusador es la respuesta formal del instituto santandereano, que confirmó que Vargas no figura en sus registros y que el documento presentado no coincide con sus formatos oficiales ni con sus consecutivos de graduación.
Este certificado habría sido el requisito clave para que la actriz accediera a un contrato de 55 millones de pesos por nueve meses con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) durante el año 2025. Aunque ejecutó dicho contrato por seis meses, en 2026 la Alcaldía volvió a contratarla por 18 millones, pero esta vez bajo el perfil de bachiller, omitiendo el polémico título.
El Distrito bajo la lupa
La Alcaldía de Cartagena se defendió asegurando que ha actuado bajo el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, la Fiscalía no descarta vincular al proceso a funcionarios del IPCC, quienes fueron los encargados de verificar y avalar la documentación para la adjudicación de ambos contratos.
La cita definitiva será el próximo 30 de abril en los juzgados de Cartagena, donde la justicia determinará la responsabilidad de la actriz en lo que podría ser una millonaria estafa documental contra el erario público.
