En una ofensiva contundente contra el fraude en los servicios públicos, la Gobernación del Atlántico, en conjunto con la Policía y la empresa Aqualia, detectó 33 conexiones ilegales en predios rurales de Manatí. Los propietarios de estas fincas ya han sido identificados y enfrentarán procesos judiciales por el hurto del recurso hídrico.
El impacto de estas irregularidades es crítico para la región. Según cifras oficiales, el robo de agua en esta zona alcanza los 1.500 metros cúbicos diarios, lo que se traduce en pérdidas económicas superiores a los 2.000 millones de pesos. Sin embargo, la afectación más grave recae sobre la comunidad: cerca de 40.000 habitantes del sur del departamento sufren desabastecimiento y baja presión debido a estas tomas clandestinas.
“Este tipo de conductas no solo constituye un delito, sino que atenta directamente contra el bienestar de miles de familias”, sentenció el secretario del Interior, José Antonio Luque, al confirmar que los responsables ya están individualizados para su posterior judicialización.
Por su parte, la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, advirtió que estas conexiones deterioran la infraestructura y limitan la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias. “El robo de agua debilita la sostenibilidad del sistema y retrasa inversiones necesarias para mejorar el servicio”, señaló la funcionaria.
La administración departamental anunció que los operativos se extenderán a otros municipios del Atlántico y pidió a la ciudadanía denunciar cualquier manipulación irregular de las redes para garantizar que el agua llegue de forma legal y segura a todos los hogares.



