El alto tribunal frenó provisionalmente el polémico Decreto 415 al considerar que el presidente Gustavo Petro se habría extralimitado en sus funciones y contradicho lo estipulado en la Ley de Reforma Pensional.
En una decisión de carácter urgente, la Sección Segunda del Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos del Decreto 415, expedido apenas el pasado 23 de abril por el Gobierno nacional. La norma pretendía el traslado masivo de $25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones en un plazo récord de 30 días.
El tribunal administrativo respondió así a una tutela interpuesta por el ciudadano Jesús Hernando Baena Álvarez. Tras el análisis preliminar, los magistrados determinaron que el decreto podría vulnerar la Ley 2381 de 2024, la cual establece que, si bien los ciudadanos pueden cambiar de régimen, el ahorro debe permanecer en los fondos privados hasta que se cumplan los requisitos de ley para la jubilación.
Extralimitación de funciones
El Consejo de Estado fue enfático al recordar que el Ejecutivo tiene la facultad de reglamentar las leyes para su aplicación, pero no puede alterar su contenido ni suplantar las decisiones que le competen exclusivamente al Congreso de la República. El decreto en cuestión pretendía adelantar el traslado del dinero (exigiendo un 50% en 20 días y el resto en los 10 días siguientes), modificando una regla de temporalidad ya definida por el Legislativo.
“Debido a que esos plazos eran muy cortos, se tramitó la solicitud con carácter urgente para evitar que, al tomar la decisión, el dinero ya hubiese sido trasladado, dejando la medida sin efecto”, explicó la corporación.
Una medida bajo fuego
La suspensión se suma a una serie de críticas y acciones legales emprendidas desde diversos sectores. Los fondos privados de pensiones han calificado el decreto de «ilegal», advirtiendo que los principales perjudicados serían los afiliados que decidieron mantenerse en el régimen privado.
Asimismo, la Procuraduría General de la Nación ya había advertido sobre una «limitación legal» del Gobierno para disponer de estos recursos. En el ámbito político, la decisión refuerza las demandas interpuestas por candidatos presidenciales como Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella, quienes impugnaron el acto administrativo por considerarlo un ataque a la propiedad privada del ahorro pensional.
Por ahora, los $25 billones deberán permanecer en las administradoras privadas mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto.
