El tribunal determinó que más de 11.000 menores fueron víctimas de este flagelo, afectando de manera desproporcionada a comunidades étnicas. Los exguerrilleros enfrentan hasta 20 años de cárcel si no reconocen su responsabilidad.
En una decisión histórica dentro del Caso 07, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes a 20 antiguos mandos de las FARC al considerarlos «máximos responsables» del reclutamiento y utilización sistemática de niños y niñas durante el conflicto armado colombiano.
Los imputados pertenecieron a los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central. Según la magistratura, estos individuos ejercieron mando directo o roles determinantes en la incorporación de menores a las filas guerrilleras, una práctica que el tribunal calificó de sistemática entre los años 1996 y 2016.
Un daño desproporcionado a pueblos étnicos
La investigación documenta un universo de 11.052 víctimas, de las cuales la gran mayoría (9.027) pertenecen a pueblos indígenas y afrocolombianos. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, enfatizó que este crimen no solo arrebató infancias, sino que fracturó estructuras sociales y culturales de comunidades históricamente vulnerables.
“Los pueblos étnicos no solo perdieron a sus niños, sino que vieron afectada su continuidad cultural. Detrás de cada cifra hay una vida interrumpida”, sentenció Ramelli durante la rueda de prensa.
Reclutamiento forzado y engaños
El análisis del tribunal reveló que el reclutamiento no fue voluntario en su mayoría: el 64 % de los casos se dio mediante el uso de la fuerza, el 22 % por engaño y el 13 % a través de la persuasión. La JEP subrayó que estas acciones no fueron hechos aislados, sino una política que se recrudeció en las últimas dos décadas del conflicto previo a la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
El camino jurídico: Verdad o prisión
La magistrada Lily Rueda explicó que los 20 comparecientes tienen ahora dos opciones:
- Reconocimiento de verdad y responsabilidad: Accederían a sanciones restaurativas que no implican cárcel.
- Negación de los cargos: El caso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde, de ser hallados culpables en un juicio contradictorio, podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión.
Esta decisión es parte de los 11 macrocasos que adelanta la JEP para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
