El Ministerio de Salud desautorizó la restricción de servicios impuesta por la directora del Instituto, Carolina Wiesner, calificándola como una violación directa al derecho fundamental a la salud.
En un fuerte pronunciamiento, el Ministerio de Salud y Protección Social desautorizó oficialmente la decisión del Instituto Nacional de Cancerología (INC) de restringir temporalmente la atención a nuevos pacientes provenientes de la Nueva EPS. La cartera de salud advirtió que la entidad, bajo la dirección de Carolina Wiesner, está actuando en contravía de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.
Según el Ministerio, la medida del Instituto vulnera el artículo quinto de dicha ley, que obliga al Estado a abstenerse de cualquier acción u omisión que deteriore la salud de la población o afecte el acceso oportuno a los servicios. «La omisión en la prestación del servicio menoscaba el principio de oportunidad y deteriora el acceso a tecnologías de salud indispensables», señaló el ente ministerial.
Dependencia y jerarquía
El Ministerio recordó al INC que, al ser una entidad adscrita a su cartera (según el Decreto 4107 de 2011), no tiene autonomía para actuar en contra de los lineamientos nacionales que priorizan la continuidad y calidad en la atención de los pacientes.
Advertencia de acciones legales
El conflicto ha escalado a niveles judiciales. El comunicado del Ministerio cierra con una advertencia contundente: de mantenerse la negativa a recibir pacientes de la Nueva EPS, se procederá a interponer denuncias penales por prevaricato y quejas disciplinarias ante los entes de control contra los responsables de la decisión.
Con esta medida, el Gobierno busca garantizar que las pugnas administrativas o financieras no dejen desprotegidos a los pacientes con cáncer, cuya atención es considerada prioritaria y vital.
