Bajo el liderazgo de Eduardo Verano, se estableció una mesa intersectorial para combatir el uso de jóvenes como “campaneros”. La administración implementará un diagnóstico departamental para fortalecer a la familia como primer entorno protector.
En una respuesta contundente ante el fenómeno de la delincuencia juvenil y la manipulación de menores por parte de estructuras ilegales, la Gobernación del Atlántico lideró una mesa intersectorial de protección integral. El objetivo principal es frenar la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en roles delictivos, una problemática que, aunque se diferencia del reclutamiento forzado, registra una tendencia elevada en el departamento.
Durante la sesión de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar (MIAJFF), las autoridades alertaron sobre el uso de menores en actividades como el “campaneo” y el microtráfico, motivado por la búsqueda de reconocimiento o incentivos económicos.
Cifras que preocupan
El balance presentado por las autoridades revela la magnitud del desafío en el territorio:
- 13 muertes violentas de menores se han registrado en el Atlántico hasta febrero de 2026.
- 62 menores han sido recuperados de actividades ilícitas en lo que va del año.
- La tendencia es creciente, pasando de 318 menores recuperados en 2024 a 420 en 2025.
La familia: eje de la transformación
María Elena Menco, referente de la Secretaría de Salud departamental, enfatizó que la intervención debe nacer desde el núcleo familiar, ya que se han detectado casos de permisividad o vinculación de los hogares con estas dinámicas.
En este sentido, el ICBF socializó la nueva Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que las redefine como sujetos colectivos de derechos. Como primera acción, se realizará un diagnóstico departamental para medir el estado de los hogares en el Atlántico y orientar rutas de atención basadas en evidencia.
Nuevas amenazas digitales y judiciales
La Policía de Infancia y Adolescencia advirtió sobre el uso de redes sociales para promover retos de indisciplina y falsas amenazas en colegios. Por su parte, la Registraduría Nacional solicitó agilizar el reporte de muertes violentas para dar de baja documentos de identidad y evitar que delincuentes utilicen identidades de menores fallecidos para cometer nuevos delitos.
Finalmente, las secretarías de Salud, Interior y Educación reafirmaron su compromiso de trabajar de manera articulada para consolidar proyectos de vida alejados de la violencia. «Si en el Atlántico tenemos familias fuertes, tendremos una adolescencia fuerte», puntualizó Lina Vargas, referente del ICBF.
