En una contundente carta enviada a las presidencias de Senado y Cámara, el Ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó formalmente aplicar la Ley 5 de 1992 y tramitar ante el Consejo de Estado la muerte política de quienes no asistan a las sesiones.
El Gobierno Nacional ha decidido pasar de la preocupación a la acción frente a lo que califica como un «creciente fenómeno de inasistencia» en el Congreso de la República. El Ministro del Interior, Armando Benedetti, radicó una solicitud formal ante los presidentes del Senado, Lidio García, y de la Cámara de Representantes, Juan David López, para que se apliquen sanciones severas contra los legisladores ausentes.
Según el jefe de la cartera política, la falta de quórum y la inasistencia reiterada están bloqueando la agenda legislativa del Ejecutivo, afectando directamente el trámite de reformas neurálgicas para el país como la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y el nuevo Código Minero.
El llamado al Consejo de Estado
La petición del Ministro no es menor. Benedetti solicitó que las mesas directivas remitan al Honorable Consejo de Estado los listados detallados de inasistencias de la legislatura 2025-2026. El objetivo es claro: que el alto tribunal inicie los procesos de pérdida de investidura (muerte política) contra los congresistas que han incumplido con su deber constitucional de asistir a las sesiones plenarias y de comisiones.
«Pese a los mensajes de urgencia e insistencia enviados desde el Ejecutivo, no se observa el avance de los trámites legislativos tal y como lo ordena la Constitución», señaló el funcionario, enfatizando que la Ley 5 de 1992 debe cumplirse rigurosamente.
Sanciones económicas y disciplinarias
Además de la pérdida del cargo, el Gobierno busca golpear el bolsillo y la ética de los parlamentarios. La solicitud incluye:
- Descuentos salariales: Se pidió a las Direcciones Administrativas de ambas corporaciones aplicar los descuentos de ley por los días no laborados.
- Procesos éticos: Compulsa de copias a las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista para que se inicien las acciones disciplinarias correspondientes bajo la Ley 1828 de 2017.
Con este movimiento, el Gobierno de turno escala la tensión con el Legislativo, enviando un mensaje directo: no se tolerará el «plan tortuga» ni el ausentismo como estrategia para frenar las transformaciones sociales que cursan en el Capitolio.
