martes, noviembre 17, 2026
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Por presuntas irregularidades en manejo de recursos, Supersalud ordena intervención inmediata al Fomag

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, anunció una «actuación especial» tras las denuncias de corrupción y malversación de fondos realizadas por el presidente Gustavo Petro.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció este sábado el inicio de una rigurosa auditoría y vigilancia sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La medida, de carácter prioritario, busca esclarecer las graves denuncias de corrupción que señalan el presunto robo de billones de pesos destinados a la salud de los docentes en Colombia.

El recién posesionado Superintendente, Daniel Quintero Calle, instruyó a la Dirección de Inspección y Vigilancia para ejecutar una revisión integral que abarca desde la contratación hasta la entrega de medicamentos.

Los focos de la investigación

La actuación de la Supersalud no solo se centrará en la operatividad del sistema, sino que auditará a todos los actores involucrados, incluyendo a la Fiduprevisora S.A. como administradora de los recursos, además de prestadores de servicios, gestores farmacéuticos e interventorías.

Entre los puntos clave a revisar se encuentran:

  • Manejo de recursos: Auditoría de flujos financieros y pagos para identificar posibles desvíos de fondos públicos.
  • Prestación del servicio: Evaluación de la red de servicios, autorizaciones y gestión de quejas (PQRS) de docentes y pensionados.
  • Transparencia en contratos: Revisión detallada de los procesos de administración y asignación del modelo.

Plazo de 15 días y denuncias penales

El presidente Gustavo Petro ha otorgado un plazo de 15 días para que la Superintendencia presente la relación de los funcionarios y responsables presuntamente implicados en estas irregularidades.

El Superintendente Quintero confirmó que, de hallarse pruebas de corrupción, el caso será trasladado de inmediato a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para iniciar los procesos penales y disciplinarios correspondientes. «Esta actuación tiene carácter prioritario para garantizar la protección del derecho fundamental a la salud de los maestros», puntualizó el funcionario.

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