La Gobernación ha desmantelado 120 conexiones ilegales en zonas rurales y radicado 36 denuncias penales. Las prácticas irregulares reducían drásticamente el suministro en municipios como Luruaco y Manatí.
En una ofensiva contundente contra el hurto de servicios públicos, la Gobernación del Atlántico anunció la recuperación de más de un millón de litros de agua potable en lo que va del año. Los operativos, realizados en conjunto con la Policía, el CTI y la empresa Aqualia, pusieron al descubierto una red de conexiones clandestinas utilizadas principalmente para actividades de ganadería y agricultura a gran escala.
Hasta la fecha, las autoridades han ejecutado 120 intervenciones en el sur y oriente del departamento, lo que ha derivado en 36 procesos judiciales contra propietarios de fincas y terratenientes.
Comunidades, las principales víctimas
El secretario del Interior, José Antonio Luque, y la secretaria de Agua Potable, Lady Ospina, coincidieron en que estas acciones no solo afectan las finanzas del departamento, sino que representan un «robo directo a la gente».
“No es posible que inversiones de 1,3 billones de pesos para llevar agua a quienes no la tenían se queden en manos de unos pocos. Cada litro desviado es agua que deja de llegar a los hogares”, enfatizó Ospina.
Radiografía del fraude en Luruaco y Manatí
Los hallazgos técnicos revelan un impacto crítico en la infraestructura:
- En Luruaco: Se detectaron 27 conexiones ilegales en una sola línea de 8 kilómetros. Esto reducía el bombeo de 22 litros por segundo a tan solo 5, dejando prácticamente sin servicio al corregimiento de Santa Cruz.
- En Manatí: 33 conexiones en fincas privadas generaban una pérdida de 1.500 metros cúbicos diarios. El costo de este robo se estima en 2.000 millones de pesos, afectando la presión del servicio para 40.000 habitantes.
Riesgos técnicos y sanitarios
Julián Pacheco, coordinador de Aqualia, advirtió que la manipulación artesanal de las tuberías principales altera el equilibrio hidráulico del sistema y genera caídas de presión constantes. Además, estas intervenciones clandestinas ponen en riesgo la calidad del agua tratada, comprometiendo la salud de los usuarios legales.
La administración departamental aseguró que los operativos continuarán de manera indefinida para garantizar que el recurso hídrico llegue de forma continua y legal a todas las familias del Atlántico.
