La Sala de Decisión Penal del Tribunal de Valledupar sepultó las pretensiones de prescripción de la defensa. Saade Cormane deberá cumplir su pena de 24 años de cárcel.
Tras tres décadas de lucha jurídica y una fuga que parecía interminable, el sistema judicial colombiano ha puesto punto final a los intentos de Jaime Saade Cormane por evadir su responsabilidad. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó en segunda instancia la condena por el feminicidio y violación de Nancy Mestre, ocurrido en la madrugada de Año Nuevo de 1994.
La decisión ratifica lo dispuesto previamente por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, que el pasado 30 de diciembre de 2025 ya había negado la prescripción de la sanción y la libertad solicitada por el condenado.
«El ciclo se cierra»
El abogado Raúl Romero Del Río, representante de la familia Mestre, celebró la decisión a través de sus redes sociales: «Tras varios intentos por forzar la prescripción, el ciclo se cierra. El Tribunal confirmó que NO hay lugar a la prescripción: Jaime Saade debe cumplir la pena por el cobarde asesinato y violación de Nancy».
Saade Cormane, quien fue capturado en Brasil en 2020 tras 26 años prófugo, regresó a Colombia en abril de 2024. Aunque inicialmente fue recluido en Barranquilla, su reciente intento de burlar la seguridad durante una cita médica en abril de 2025 provocó su traslado a la cárcel de máxima seguridad «La Tramacúa» en Valledupar, donde permanece actualmente.
Un crimen que marcó a Barranquilla
El caso de Nancy Mestre es recordado como uno de los más dolorosos en la historia judicial del Caribe colombiano. Nancy, estudiante del colegio Marymount de solo 18 años, fue sacada de su casa por Saade con permiso de sus padres para celebrar el inicio de 1994.
Lo que inicialmente fue presentado por Saade como un «accidente» o «suicidio», las investigaciones forenses lo desmintieron de forma tajante: Nancy recibió un impacto de bala en la cabeza y fue víctima de abuso sexual.
Con este fallo del Tribunal, la justicia colombiana reafirma la vigencia de la pena de 24 años de prisión, garantizando que el responsable cumpla la totalidad de su castigo tras años de maniobras dilatorias y evasión internacional.
