La diligencia avanza con fuerte presencia del Ejército y la Policía. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) denuncia mora en arriendos, mientras la Iglesia Vida Abundante alega falta de notificación.
Momentos de alta tensión se viven en la mañana de este jueves en el norte de Barranquilla, específicamente en la carrera 51B, donde la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adelanta una diligencia de desalojo en el emblemático inmueble donde funcionó Titos Bolos. El operativo ha derivado en fuertes discusiones entre funcionarios nacionales, la fuerza pública y miembros de la Iglesia Vida Abundante.
Forcejeo y facultades policivas
La diligencia inició con roces verbales cuando el personal de la SAE y de Activos por Colombia intentó ingresar a las instalaciones, encontrando resistencia por parte de la congregación y su equipo de seguridad privada. El abogado de la iglesia, Fernando Rodríguez, denunció que el procedimiento se realiza «a la fuerza y sin una notificación individual previa a la congregación».
No obstante, la SAE fue enfática al declarar que cuenta con la facultad policiva necesaria para ejecutar el lanzamiento, amparada en decisiones judiciales y en la mora acumulada en los cánones de arrendamiento por parte de los ocupantes.
Avance del operativo
Tras lograr ingresar a uno de los locales con el acompañamiento de la Personería Distrital, los delegados de la SAE procedieron a la lectura formal de la orden de desalojo. Según la entidad, la recuperación del inmueble es urgente, ya que el predio forma parte de un proceso de comercialización diseñado para evitar el detrimento patrimonial del Estado.
Hasta el momento, las autoridades han logrado tomar posesión de uno de los cuatro locales ocupados, específicamente donde funciona una cafetería. Sin embargo, los feligreses mantienen una férrea posición de bloqueo en las otras tres secciones del complejo.
Cerramiento y vigilancia
El sector se encuentra bajo un estricto cerramiento por parte de cuadrillas de la Policía y efectivos del Ejército Nacional, quienes custodian el perímetro de la 51B para evitar alteraciones del orden público. Ante la complejidad del caso, delegados de la Procuraduría General de la Nación hicieron presencia en el lugar para mediar en la reunión entre la SAE y los líderes religiosos, buscando esclarecer la legalidad del proceso.
La diligencia continúa en desarrollo, mientras la comunidad religiosa permanece en las afueras del predio insistiendo en que se vulneran sus derechos.
