El alto tribunal ratificó la sentencia de 54 meses de prisión por su participación en un entramado de corrupción destinado a interferir en procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años y 6 meses (54 meses) de prisión contra el excongresista Luis Alberto Gil Castillo. El exsenador fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público.
La investigación judicial determinó que, entre diciembre de 2018 y marzo de 2019, Gil Castillo lideró una red criminal diseñada para atacar la administración pública. El objetivo principal de esta organización era influir de manera ilegal en los procesos judiciales que se adelantaban dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El nexo con el caso ‘Jesús Santrich’
Según la sentencia, quedó plenamente demostrado que Gil Castillo intervino ante el entonces fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, con el fin de favorecer a procesados en dicha jurisdicción. El fallo vincula este actuar con las maniobras ya conocidas en el proceso contra el fallecido exguerrillero de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’.
La Corte señaló que el exsenador gestionó el uso indebido de las funciones de Bermeo para «torpedear el normal desarrollo de procesos judiciales» y obtener así un provecho económico irregular. El alto tribunal fue enfático al declarar que Gil Castillo, pese a no ser funcionario activo en ese momento, instrumentalizó el cargo del fiscal Bermeo para incidir en otros despachos de la justicia transicional.
Garantías procesales
Al resolver el recurso de casación, la Sala descartó cualquier vulneración a los derechos del condenado. «La Sala no observa trasgresión a los derechos y garantías de Luis Alberto Gil Castillo en razón de la actuación surtida por el fiscal delegado, los jueces de garantías y los falladores de instancia», concluyó el documento.
Con esta decisión, la justicia cierra uno de los capítulos más polémicos de corrupción judicial relacionados con los mecanismos de paz en Colombia.


