En una decisión trascendental para el sistema pensional colombiano, el Consejo de Estado ordenó este lunes la suspensión provisional de la totalidad del Decreto 415 de 2026. Con este fallo, el alto tribunal frena el intento del Gobierno Nacional de trasladar 25 billones de pesos desde los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones.
La medida deja sin efecto el cronograma de urgencia que había fijado el presidente Gustavo Petro, el cual obligaba a las administradoras privadas a transferir el 100% de dichos recursos en un plazo máximo de un mes.
Un decreto que desafiaba la ley
El tribunal administrativo, al resolver una tutela interpuesta por el ciudadano Jesús Hernando Baena, consideró que el decreto del Ejecutivo podría contradecir lo estipulado en la Ley 2381 de 2024.
Si bien dicha ley permite que los colombianos se trasladen al sistema público, el Consejo de Estado recordó que la normativa es clara: el dinero ahorrado debe permanecer bajo custodia de los fondos privados hasta que el afiliado cumpla efectivamente los requisitos de edad y semanas para pensionarse.
La celeridad de la decisión judicial obedeció al carácter «urgente» del trámite, pues de no haberse suspendido, el traslado de los millonarios recursos habría sido irreversible antes de que se pudiera estudiar su legalidad de fondo.
Petro arremete contra el fallo: «Están estafando al pueblo»
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario lanzó duras críticas contra el alto tribunal, acusándolo de proteger intereses económicos por encima de los derechos de los trabajadores.
«El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador», sentenció Petro. En un tono confrontativo, el jefe de Estado añadió que la justicia «no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, que se estafe al pueblo trabajador», haciendo referencia directa a los propietarios de los principales fondos privados.
Según el mandatario, el fallo impide que los ahorros de quienes decidieron libremente pasar al sistema público sean gestionados por el Estado, calificando la situación como una «estafa» a la ciudadanía. Por ahora, los $25 billones de pesos permanecerán bajo la administración de las AFP mientras continúa el debate jurídico.
