El actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no aceptó este lunes los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación por la presunta violación de topes electorales durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Ante un juez de control de garantías de Bogotá, Roa se declaró inocente de las acusaciones que lo señalan como el responsable de irregularidades financieras en su rol de gerente de la campaña. Según el ente acusador, se omitió el reporte de gastos reales en al menos 13 eventos clave ocurridos entre la primera y la segunda vuelta presidencial.
El desfase en las «Cuentas Claras»
La Fiscalía argumentó que, aunque Roa reportó en el aplicativo Cuentas Claras un gasto de $28.384 millones para la primera vuelta (ajustándose al límite de $28.536 millones fijado por el CNE), la investigación técnica arrojó que el gasto real ascendió a $29.924 millones.
«Esa rendición no refleja integralmente el gasto real; no fueron incorporados en su totalidad ante el CNE», sostuvo la Fiscalía, señalando que Roa, designado gerente el 25 de marzo de 2022, tenía la obligación legal de velar por la transparencia de dichos informes.
Los rubros bajo la lupa
Entre las pruebas presentadas por el ente acusador para demostrar el exceso de topes, se destacan dos aportes que no habrían sido debidamente registrados:
- Un préstamo del partido Polo Democrático Alternativo por valor de $500 millones.
- Un gasto de $292 millones relacionado con la Unión Sindical Obrera (USO).
Ricardo Roa, quien ha sido uno de los colaboradores más cercanos del presidente Petro, enfrentará ahora un juicio formal. De ser hallado culpable, las consecuencias podrían afectar no solo su situación jurídica personal, sino también la estabilidad institucional de la estatal petrolera que hoy preside.


