Lo que debía ser una jornada de silencio y máxima concentración en las mesas del Campeonato Colombiano de Póker terminó en un escenario de caos, agentes armados y un choque institucional sin precedentes. Un operativo conjunto entre Coljuegos y la fuerza pública interrumpió el evento, desatando una guerra de comunicados entre la Federación Colombiana de Póker (Fedecolpóker) y el ente regulador de los juegos de azar.
«Un ataque al deporte»: La denuncia de la Federación
La Federación Colombiana de Póker calificó la intervención como una “suspensión violenta” y un acto “desproporcionado e intimidatorio”. Según la entidad, el torneo no solo contaba con el reconocimiento oficial del Ministerio del Deporte (bajo las resoluciones de 2025 que catalogan al póker como deporte mental), sino que estaba cofinanciado por el Estado a través del convenio CAIP-530-2026.
Johann Ibañez Díaz, presidente de la Federación, fue enfático: “Lo que ocurrió hoy no fue una acción contra una actividad ilegal. Fue la suspensión de una competencia deportiva respaldada por el Ministerio del Deporte”. La organización sostiene que el operativo ignoró actos administrativos vigentes y causó daños psicológicos y reputacionales a atletas que fueron tratados “como delincuentes”.
Coljuegos responde: «Nada está por encima de la Ley»
Desde la otra orilla, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, defendió la legalidad del procedimiento. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron 1.869 elementos, incluyendo fichas, naipes, relojes y mesas.
Para Hincapié, la discusión es jurídica y no administrativa: “El póker no es un deporte, es un juego de suerte y azar contemplado en la Ley 643 de 2001. Ningún acto administrativo puede estar por encima de la ley”. El funcionario argumentó que estos torneos evaden el pago de derechos de explotación que financian la salud pública y advirtió sobre el peligro de promover las apuestas en menores de edad.
Un vacío legal en disputa
El núcleo del conflicto radica en la naturaleza misma del juego. Mientras el Ministerio del Deporte lo incluyó en el Sistema Nacional del Deporte como una disciplina de agilidad mental, Coljuegos ha demandado la nulidad de dicha resolución ante la justicia contenciosa, insistiendo en que el póker solo puede operarse legalmente en casinos autorizados.
Mientras la Federación anuncia acciones legales por la interrupción de un evento que consideran un gasto público social (Art. 52 de la Constitución), Coljuegos reafirma que seguirá siendo «implacable» contra cualquier torneo que no cuente con su concesión.
Por ahora, el torneo en Barranquilla queda en el aire, dejando a cientos de jugadores en el limbo y una pregunta jurídica por resolver: ¿quién tiene la última palabra sobre el tablero del póker en Colombia?
