El ente acusador negó la solicitud del Gobierno Petro para levantar las órdenes de detención contra 29 cabecillas, incluido alias ‘Chiquito Malo’, hasta que se demuestre la desarticulación del grupo.
La Fiscalía General de la Nación notificó al Gobierno Nacional su decisión de mantener vigentes las órdenes de captura contra 29 integrantes del ‘Clan del Golfo’, pese a la solicitud del Ejecutivo de suspenderlas para facilitar su traslado a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El ente acusador argumentó que la información enviada por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz es insuficiente para garantizar que el proceso de paz sea real y verificable.
Verificación, no solo promesas
Para la Fiscalía, la suspensión de capturas no puede basarse únicamente en la buena fe o en lo informado por los miembros del grupo armado. La institución exige un mecanismo «claro, trazable y verificable» realizado por autoridades estatales que confirme:
- La entrega de menores víctimas de reclutamiento forzado.
- La ubicación de personas desaparecidas y la entrega de armamento.
- El desmonte real de las economías ilícitas y estructuras financieras.
- La suspensión definitiva de conductas contrarias al Derecho Internacional Humanitario.
«Las Zonas de Ubicación Temporal no pueden ser el punto final del proceso ni un espacio de rehabilitación», advirtió enfáticamente la Fiscalía en su comunicación.
El factor ‘Chiquito Malo’ y la extradición
Uno de los puntos de mayor fricción radica en la situación de Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, máximo líder de la organización. La Fiscalía recordó que sobre él pesa una solicitud de extradición de Estados Unidos por delitos transnacionales, la cual ya recibió concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2025.
En un mensaje directo al presidente Petro, la Fiscalía instó a «honrar los compromisos de cooperación judicial internacional», señalando que, aunque el mandatario tiene discrecionalidad, la persecución de delitos transnacionales debe ser una prioridad.
Polémica en año electoral
La decisión del Gobierno de solicitar estos beneficios judiciales para el ‘Clan del Golfo’ ha generado una fuerte ola de críticas en diversos sectores del país. Analistas y opositores señalan que la medida se produce en un momento de alta sensibilidad política debido al calendario electoral, lo que aumenta las suspicacias sobre el manejo de la seguridad y la justicia en el marco de la «Paz Total».
Con este pronunciamiento, la Fiscalía pone una talanquera legal a las pretensiones del Ejecutivo, condicionando cualquier alivio judicial a resultados concretos en la desarticulación de la estructura criminal más grande del país.
