El superintendente Daniel Quintero Calle evaluará la gestión de los encargados de Nueva EPS, Famisanar y otras entidades que suman 20 millones de afiliados. Reconoció que las intervenciones no han logrado sanear las deudas.
En una decisión que sacude la estructura administrativa del sistema de salud en Colombia, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, solicitó este martes la renuncia protocolaria a todos los agentes interventores de las EPS que se encuentran bajo control del Estado. La medida afecta a entidades clave como Nueva EPS, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud, SOS y Capresoca, las cuales garantizan la atención de cerca de 20 millones de usuarios.
Evaluación de resultados
A través de su cuenta de X, el exalcalde de Medellín explicó que la continuidad de estos funcionarios dependerá de una evaluación rigurosa de sus resultados. Según un comunicado de la Supersalud, el análisis se centrará en tres pilares:
- Calidad de la atención a los usuarios.
- Avances en la gestión administrativa y financiera.
- Capacidad de respuesta ante las crisis del sistema.
Autocrítica al modelo de intervención
La solicitud de renuncia llega acompañada de una fuerte autocrítica por parte del superintendente. En declaraciones a Caracol Radio, Quintero Calle admitió que las medidas de intervención tomadas hasta ahora “no han servido para salvar a las EPS” de la debacle financiera.
El funcionario argumentó que el modelo actual tiene una limitación estructural: el Estado toma el control de empresas sobreendeudadas, pero el interventor no cuenta con herramientas legales ni recursos del Gobierno para capitalizarlas o pagar las deudas históricas. “Le entregan a usted una empresa llena de deudas, pero el interventor no puede pagar esas deudas con recursos propios”, subrayó.
Antecedentes y transición
Este movimiento se produce apenas un mes después de que la Superintendencia tuviera que designar nuevos encargados tras la suspensión de varios interventores por parte de la Procuraduría General de la Nación a inicios de abril.
Con este nuevo remezón, el Gobierno busca refrescar la gerencia de las EPS intervenidas en un momento de máxima tensión financiera, mientras se define si la administración estatal es capaz de evitar el colapso definitivo de estas entidades prestadoras de salud.
