La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal y citará a indagatoria a la senadora del Pacto Histórico, Martha Isabel Peralta Epieyú. El alto tribunal penal vinculó formalmente a la congresista por su presunta responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio, en el marco del expediente que rastrea la compra de votos a favor de los proyectos legislativos del Gobierno nacional mediante el direccionamiento de recursos públicos.
La determinación judicial contra la legisladora guajira se deriva del rastreo de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad utilizada como caja menor para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República.
El nexo con la Reforma Pensional y el papel de Luis Fernando Velasco
El nombre de la presidenta de la Comisión Séptima del Senado cobró relevancia penal durante las recientes audiencias de formulación de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Interior, Luis Fernando Velasco. En dichas diligencias, la Fiscalía General de la Nación destapó las pruebas que comprometen a la parlamentaria:
- Trámite clave: La Comisión Séptima, liderada por Peralta, era la célula legislativa encargada de discutir y viabilizar la polémica Reforma Pensional del Ejecutivo.
- La orden ministerial: Conforme a los hallazgos de la Fiscalía, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, envió directamente a Olmedo López —en esa época director general de la UNGRD— a coordinar prebendas con la senadora.
- Compra de votos: El propósito del direccionamiento de contratos e infraestructura era suministrarle a Peralta los recursos y herramientas necesarias para ampliar y consolidar las mayorías absolutas que el Gobierno requería con urgencia para la aprobación de la reforma.
Avances paralelos en la política antidrogas
En una agenda institucional paralela a los escándalos que sacuden al Capitolio, el Gobierno nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirmaron este jueves que alcanzaron un acuerdo técnico definitivo. Ambas delegaciones anunciaron que el próximo mes de junio se publicará formalmente el informe consolidado sobre el censo de cultivos de coca en el territorio nacional correspondiente al año 2024, un documento clave para evaluar la efectividad de los planes de sustitución vigentes.
Con la apertura de este proceso en la Corte Suprema, la senadora Martha Peralta deberá presentarse ante los magistrados de la Sala de Instrucción para responder por el uso irregular de la UNGRD, en un caso que mantiene bajo cerco judicial a las figuras más cercanas a la coalición de gobierno.
