Una grave denuncia por presunta corrupción sacude al Ministerio de Defensa bajo la gestión de Iván Velásquez. La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia reveló este jueves un supuesto desvío de 195.375 millones de pesos públicos en favor de una firma estatal extranjera. La irregularidad se habría perpetrado mediante una modificación contractual que permitió desembolsar dicha suma por concepto de «utilidad anticipada» a un contratista de Canadá, pese a que las obras civiles nunca se iniciaron.
La denuncia penal y disciplinaria recae sobre el «Proyecto Fortaleza», un megaplan de infraestructura institucional de 1.5 billones de pesos suscrito originalmente el 2 de agosto de 2022 —en las postrimerías del gobierno de Iván Duque— con la agencia del Gobierno de Canadá, Canadian Commercial Corporation (CCC). El proyecto contemplaba edificar una gran sede administrativa unificada para el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en Bogotá, con fecha de entrega proyectada para julio de este año 2026.
Utilidades giradas por una obra fantasma
De acuerdo con el expediente revelado por la congresista, el 19 de diciembre de 2022 la administración de Iván Velásquez modificó el acuerdo bilateral. Dicha enmienda autorizó el giro de los $195.375 millones directo a las cuentas del contratista norteamericano desde la fiducia constituida para blindar el erario.
Los puntos críticos del detrimento patrimonial expuestos por la candidatura de Valencia detallan:
- Cero avance real: No existe evidencia técnica ni registro de ejecución física o remoción de tierras en el predio asignado.
- Cancelación unilateral: El Ministerio de Defensa dio por terminado el macrocontrato de forma anticipada en febrero de 2026.
- Desprotección de fondos: La multinacional canadiense habría recibido el capital sin emitir las pólizas ni las garantías bancarias de respaldo exigidas por la ley de contratación pública.
Cerco fiscal y opacidad en la supervisión
“El ministro giró $195.000 millones de los colombianos a un contratista en Canadá y a los meses echaron para atrás el contrato. ¿Dónde están los $195.000 millones? ¿Quién responde?”, cuestionó públicamente la senadora Valencia, quien además acusó a la cartera de Defensa de mantener un bloqueo informativo al negarse sistemáticamente a entregar los informes oficiales de supervisión e interventoría.
Ante la gravedad del hallazgo, la legisladora radicó solicitudes urgentes ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República. El objetivo es acelerar auditorías forenses y procesos judiciales para recuperar los activos de la fiducia y dirimir la responsabilidad penal del ministro Velásquez en lo que califica como uno de los mayores escándalos de infraestructura militar recientes.
