El exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, reconoció formalmente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) haber recibido el respaldo de estructuras paramilitares para su campaña electoral en el año 2003. La declaración se dio en el marco de la Audiencia Única y Definitiva de Aporte a la Verdad, diligencia clave para definir si el exmandatario es aceptado o no dentro de este sistema de justicia transicional.
Proceso de sometimiento y audiencias
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP había rechazado inicialmente la solicitud de sometimiento de Aguilar Naranjo al considerar insuficientes sus aportes iniciales. Tras un recurso de apelación, la Sección de Apelación revocó dicha negativa y ordenó una última oportunidad dividida en dos sesiones cronológicas:
- Primera sesión: Desarrollada el 24 de enero de 2024.
- Segunda y última sesión: Llevada a cabo los días 4 y 5 de mayo de 2026.
La diligencia estuvo liderada por el magistrado Carlos Alberto Suárez López y contó con la participación de la magistrada Catalina Díaz Gómez, relatora del Subcaso Magdalena Medio del Caso 08. El testimonio de Aguilar es considerado una pieza clave para esclarecer los vínculos entre agentes del Estado y grupos paramilitares en dicha región.
Revelaciones sobre la red de poder y narcotráfico
Durante las jornadas de interrogatorio, los magistrados indagaron sobre el aval que el partido Convergencia Ciudadana otorgó a su candidatura, sus acuerdos con el Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sus reuniones con jefes paramilitares como ‘Don Berna’, ‘Camilo Morantes’ y ‘Ernesto Báez’.
El exgobernador confesó textualmente: «Fui cómplice porque nunca denuncié ante las autoridades competentes que el bloque estaba diciendo que votaran por mí». Asimismo, identificó a miembros de la red política regional, señalando al exdiputado Nelson Naranjo Cabarique como candidato directo de ‘Ernesto Báez’ y vinculando a Alfonso Riaño como enlace de votación con alias ‘César’.
Por otra parte, Aguilar Naranjo negó que el Bloque de Búsqueda de la Policía hubiera recibido financiación de Ecopetrol o del Cartel de Cali. Aseguró que dicha unidad se sustentaba con presupuesto estatal y apoyo logístico directo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos, entidad que también financiaba el pago de recompensas a informantes.
Incremento patrimonial y evaluación jurídica
Otro de los puntos centrales de la audiencia fue el cuestionamiento sobre su incremento patrimonial de 1.999 millones de pesos registrado entre 2002 y 2015, cuyo origen es actualmente objeto de investigación por enriquecimiento ilícito en la justicia ordinaria.
La diligencia contó con la intervención de representantes del Ministerio Público y organizaciones de víctimas como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS). Tras finalizar las sesiones, la Subsala Especial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas evaluará si los aportes de Aguilar cumplen con los estándares exigidos para concederle los beneficios jurídicos de la JEP.
