La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó que la operación conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras del departamento de La Paz dejó un saldo de 47 personas detenidas y 5 heridas tras fuertes enfrentamientos con manifestantes.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, precisó que las capturas se registraron en las ciudades de La Paz y El Alto. La entidad monitorea la situación jurídica de los arrestados para garantizarles defensa pública.
Respecto a los heridos, se reportaron cinco civiles con afectaciones oculares y faciales. Todos recibieron atención médica.
Emboscada y agresiones a la prensa
Durante las coberturas de los disturbios, la Defensoría verificó graves agresiones e impedimentos al trabajo periodístico.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció que dos reporteros de canales locales sufrieron lesiones tras una emboscada organizada por manifestantes en el sector de Lipari, al sur de La Paz. En este punto, donde los civiles hicieron replegar a las fuerzas del orden con piedras y explosivos, uno de los comunicadores fue retenido con violencia durante varios minutos y su teléfono móvil fue destruido.
Resistencia con dinamita y repliegue militar
Los bloqueos, promovidos desde hace once días por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz, exigen la renuncia del mandatario del país al considerar que es incapaz de solucionar la crisis nacional.
La intervención de las autoridades buscaba habilitar un «corredor humanitario» para reactivar el paso de camiones con oxígeno medicinal, combustible y vehículos particulares bloqueados. Los puntos de mayor tensión se vivieron en:
- Río Seco (El Alto): Los manifestantes respondieron con piedras y cargas de dinamita frente a los gases lacrimógenos lanzados por los agentes.
- Lipari (Sur de La Paz): Sectores movilizados forzaron la retirada de militares y policías mediante ataques con explosivos.
Pese a la violencia, la operación logró despejar parcialmente la vía troncal que conecta a La Paz con el departamento de Oruro. Posteriormente, el Gobierno boliviano ordenó el repliegue de los uniformados para evitar un posible derramamiento de sangre en ambos bandos.
Ante la gravedad de la situación, Callisaya informó que la Defensoría del Pueblo analiza junto a la Iglesia católica la creación de un espacio de mediación que permita desescalar el conflicto y avanzar hacia una reconciliación pacífica.
