Un operativo conjunto en la vía Sabanagrande-Polonuevo desmanteló seis conexiones ilegales de gran tamaño que desviaban el recurso hacia proyectos inmobiliarios y predios rurales, afectando el suministro de la comunidad.
Las pérdidas en la línea de conducción Achotera, situada en el tramo vial entre Sabanagrande y Polonuevo, superaban los 100 litros por segundo cada día, según los datos técnicos recolectados por la ingeniera Lina Mora, coordinadora de las actividades en el terreno. Esta situación afectaba directamente la presión del servicio que reciben las familias de la zona.
Frente a esta problemática, la Gobernación del Atlántico ejecutó un contundente operativo que unió los esfuerzos de la Secretaría del Interior, la Policía Nacional, el CTI de la Fiscalía y la empresa Triple A, logrando una intervención directa contra la defraudación de agua potable.
El impacto de la intervención técnica
Para ejecutar las labores, el gerente general de Triple A, Ramón Hemer, detalló que se movilizó un contingente humano y técnico de 31 funcionarios, el cual estuvo integrado por apoyo jurídico, especialistas en irregularidades y nueve cuadrillas técnicas.
El equipo en terreno localizó y clausuró seis puntos de conexión ilegal mediante la instalación de abrazaderas y silletas ciegas. Cinco de las irregularidades halladas consistían en acometidas de alto impacto con tuberías de 2 pulgadas de diámetro. La inspección arrojó que los fraudes beneficiaban directamente a predios sobre la trocha Achotal, así como a los siguientes desarrollos inmobiliarios:
- Proyecto San Martín.
- Reserva Campestre Los Robles y Proyecto Los Robles.
- Villa Ceci III y Villa Fátima.
Hemer defendió las acciones institucionales argumentando el uso de herramientas tecnológicas para blindar el sistema: “Desde Triple A reiteramos nuestro compromiso con garantizar que el recurso hídrico llegue con la mejor calidad, caudal y presión a todos nuestros usuarios. Las seis acometidas ilegales que anulamos son una muestra clara de que la institucionalidad actúa con contundencia. En Triple A realizamos revisiones permanentes con equipos de última tecnología para hallar conexiones ilegales porque el agua que se pierde por un fraude es agua que deja de llegar a una familia, a una comunidad. Los usuarios que cumplen con sus compromisos no tienen por qué pagar las consecuencias de quienes no lo hacen”, puntualizó.
Gracias a la anulación de estas redes piratas, la compañía proveedora estima recuperar un caudal de 30 litros por segundo, una cifra que equivale a 78.000 metros cúbicos mensuales. Este volumen de agua potable será redireccionado para optimizar el acueducto del 60 % de la población de Polonuevo y asegurar la fuerza del líquido en las partes más elevadas de los cascos urbanos de Polonuevo y Baranoa.
Voces oficiales y persecución penal
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, rechazó este tipo de conductas ilegales por parte del sector privado y las calificó como un freno para el progreso regional:
“Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar agua potable a las zonas rurales y con tristeza vemos como los pueblos se quejan de que hay problemas en el suministro de agua y es porque hay gente, finqueros que está tomando agua de nuestros ductos sin registrarse como un usuario de nuestro sistema de acueducto. La gente, los empresarios, sobre todo, deben retribuir el inmenso esfuerzo que se hace para producir agua de calidad. Si la quitan en la mitad del camino, las finanzas y el servicio sufren trastornos gigantescos”, expuso el mandatario departamental.
En sintonía con el gobernador, la secretaria departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico, Lady Ospina, cuya visión sobre el valor del recurso hídrico impulsó la realización de la jornada, fue enfática al exigir medidas penales severas:
“El agua potable es para la gente, no para urbanizaciones irregulares o negocios privados que la usan para llenar piscinas o regar cultivos a gran escala. Hemos solicitado a las autoridades que se unan a esta causa, porque si no hay capturas, extinción de dominio o sanciones económicas ejemplares, el robo se vuelve paisaje y eso no lo vamos a permitir”, manifestó Ospina.
Finalmente, el secretario del Interior del Atlántico, José Luque, explicó el alcance judicial del caso, informando que esta acción técnica complementa un paquete de 70 denuncias penales radicadas formalmente ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de defraudación de fluidos.
“Estamos identificando reincidentes. Quienes insistan en reconectarse ilegalmente enfrentarán procesos judiciales más severos. El mensaje es claro: estos proyectos urbanísticos no cuentan con factibilidad de agua potable y vender lotes prometiendo el servicio es un engaño a la ciudadanía”, concluyó Luque.
