El Departamento de Justicia presentó cargos por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves contra el expresidente cubano de 94 años. La Fiscalía de EE. UU. advirtió que el exmandatario podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua.
En una decisión de profundo impacto geopolítico, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) imputó formalmente este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos federales se desprenden del derribo de dos avionetas civiles ocurrido hace 30 años, el 24 de febrero de 1996, donde murieron cuatro aviadores de la organización humanitaria ‘Hermanos al Rescate’.
La acusación fue radicada en la corte federal del Distrito Sur de Florida y trascendió momentos antes de una conferencia de prensa liderada por el fiscal general interino de EE. UU., Todd Blanche, en la emblemática Torre de la Libertad de Miami. De acuerdo con el expediente oficial, Castro —quien en 1996 ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— se situaba en la cúspide de la cadena de mando que ordenó el ataque militar en el que perdieron la vida los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, junto al residente legal Pablo Morales.
Cargos, penas y militares implicados
La justicia norteamericana detalló la severidad de los delitos imputados al exmandatario de 94 años, los cuales contemplan las siguientes sanciones máximas:
- Cargos por asesinato: Por cada una de las cuatro víctimas mortales, Castro afronta la posibilidad de ser condenado a la pena de muerte o a cadena perpetua.
- Conspiración y destrucción: El delito de conspiración para matar estadounidenses conlleva una pena máxima de cárcel de por vida, mientras que el de destrucción de aeronaves suma cinco años de prisión.
- Otros procesados: La acusación formal incluye a los militares cubanos Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Pérez-Pérez.
Tensión internacional y la sombra del caso Maduro
Durante su comparecencia en Miami, el fiscal Blanche confió en que Castro comparezca ante los tribunales «por su propia voluntad o de otra forma». Al ser interrogado sobre si Washington planea ejecutar una operación de captura en suelo cubano similar a la ocurrida el pasado 3 de enero en Caracas —donde fue arrestado el expresidente venezolano Nicolás Maduro, hoy recluido en Nueva York—, el fiscal interino evitó hacer comparaciones directas, pero enfatizó que la forma en que el país norteamericano trae a los acusados físicamente a su territorio varía según el caso.
El incidente de 1996 mantiene visiones opuestas: mientras el Gobierno de La Habana ha alegado históricamente que las aeronaves violaron su espacio aéreo y que los tripulantes eran «terroristas», la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) dictaminó en su momento que el ataque perpetrado por las fuerzas cubanas ocurrió en aguas internacionales.
Esta histórica imputación se produce en un escenario de máxima asfixia económica sobre la isla por parte de la administración de Donald Trump, la cual mantiene un férreo bloqueo petrolero, sanciones contra el conglomerado militar GAESA y ha elevado las advertencias de asumir el control del país caribeño «de una manera u otra».
