El andamiaje jurídico que blindaba a las principales estructuras criminales de Medellín, Bello y el Valle de Aburrá sufrió un quiebre definitivo. En una decisión que frena las facultades discrecionales del Gobierno Nacional, el Consejo de Estado suspendió parcialmente la resolución que mantenía congeladas las órdenes de captura contra siete señalados cabecillas del crimen de alto impacto en Antioquia.
El fallo expone una grieta de legalidad en la implementación de la ‘Paz Total’, advirtiendo que los beneficios de la Ley 2272 de 2022 no pueden entregarse como un cheque en blanco.
El portazo a la discrecionalidad administrativa
La controversia se resolvió en el marco de una demanda de nulidad simple. Al revisar los argumentos, el despacho judicial determinó que el Ejecutivo ignoró las líneas rojas trazadas por la Corte Constitucional en su Sentencia C-525 de 2023. Aquel dictamen fue claro: suspender la búsqueda de un criminal requiere un examen riguroso, técnico e individualizado.
De acuerdo con el Consejo de Estado, la resolución gubernamental omitió un paso institucional obligatorio: la verificación de la Fiscalía General de la Nación. El tribunal concluyó que levantar las órdenes de captura no es una facultad generalizada ni caprichosa, sino un proceso que debe cumplir con tres requisitos estrictos:
- Suficiencia: Justificar documentalmente la motivación administrativa.
- Necesidad: Demostrar de qué forma la libertad del procesado aporta legalmente a los fines de la paz.
- Constatación: Verificar que el beneficiario encaje estrictamente en los supuestos de los marcos de conversación autorizados.
Ninguno de estos filtros judiciales fue hallado en el documento demandado.
Un blindaje que ya se había quebrado
La medida cautelar concedida por el alto tribunal activa de inmediato la búsqueda de siete jefes delincuenciales que permanecían resguardados bajo el amparo de los acercamientos urbanos.
Sin embargo, el expediente original pretendía salvar a un grupo mucho mayor. La demanda exigía la reactivación de capturas para otros 16 integrantes de estas mismas redes armadas, una solicitud que el Consejo de Estado declaró denegada por sustracción de materia: la propia Fiscalía, anticipándose a este escenario, ya había revocado de forma autónoma los beneficios de suspensión que cobijaban a ese bloque de procesados.
Con este veredicto, las agencias de seguridad del Estado recuperan la facultad operativa en el Valle de Aburrá, dejando claro que cualquier intento de tregua jurídica debe someterse, obligatoriamente, al control de los jueces.
