Una grave denuncia sacudió la sesión de la Comisión Sexta del Senado de la República. La congresista sucreña Ana María Castañeda reveló que el sistema de fotodetección en el departamento de Sucre ha venido operando de manera irregular, imponiendo miles de comparendos y recaudando sumas multimillonarias a los ciudadanos sin contar con los permisos legales obligatorios que exige la ley colombiana.
La denuncia pone bajo la lupa la operación de los dispositivos tecnológicos en corredores viales estratégicos que conectan a los municipios de Corozal, Sampués, Toluviejo, Tolú y Coveñas.
La prueba reina: Solicitudes extemporáneas
El eje central de la denuncia radica en una respuesta oficial de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Según el documento, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sucre radicó apenas el pasado 30 de abril de 2026 una solicitud formal para autorizar la instalación de un punto de Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Infracciones (SAST) en la vía Toluviejo – Tolú.
El agravante, según expuso la senadora Castañeda, es que las cámaras en esa zona específica llevan operando y sancionando conductores desde hace más de un año, lo que vicia de ilegalidad todo el proceso sancionatorio ejecutado hasta la fecha.
«Esto genera serias dudas sobre la legalidad de la operación de algunos dispositivos de fotodetección (…) donde se habrían impuesto más de 32 mil comparendos y generado un recaudo de alrededor de $5 mil millones», sentenció la congresista durante su intervención.
El caso Corozal: Sanciones en la sombra
La opacidad en el manejo de las fotomultas en Sucre no es nueva, pero los datos técnicos revelados por el Ministerio de Transporte agravan la situación. El Instituto de Tránsito y Transporte de Corozal (Imtrac) operó sus sistemas de detección automatizada sin haber tramitado el concepto técnico obligatorio.
La auditoría a este organismo de tránsito arrojó cifras contundentes sobre el impacto económico a los usuarios:
- Periodo afectado: Entre el 18 de diciembre de 2018 y el 24 de julio de 2019.
- Comparendos irregulares: Un total de 16.910 sanciones impuestas en la ilegalidad.
- Monto de la estafa de tránsito: Las multas sumaron 5.638 millones de pesos, de los cuales el Imtrac logró cobrar efectivamente 2.819 millones de pesos correspondientes a 4.546 comparendos.
Crisis institucional en el sistema de fotomultas
Este panorama local coincide con una intervención a gran escala anunciada por el Gobierno Nacional. El Ministerio de Transporte confirmó la apertura de investigaciones formales contra 37 organismos de tránsito en todo el país y la revisión exhaustiva de más de 7,5 millones de comparendos, advirtiendo que el sistema de fotomultas en Colombia atraviesa por una profunda «crisis institucional». Entre las entidades llamadas a responder por estos abusos se encuentran varias secretarías de tránsito del departamento de Sucre.
