El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (CSU) frenó el proceso de elección de diez de sus decanos y del delegado del sector productivo ante dicho órgano de gobierno. La medida se tomó tras recibir recusaciones dirigidas a la totalidad de sus nueve integrantes, lo que obligó a suspender la sesión extraordinaria programada para este miércoles 3 de junio en la Gobernación del Atlántico y trasladar el expediente a la Procuraduría General de la Nación.
Ruta jurídica ante el organismo de control
La parálisis del trámite electoral se fundamenta en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De acuerdo con las normas vigentes y la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando un recurso de recusación afecta de forma masiva a un cuerpo colegiado, este pierde el quórum y la competencia para resolver de manera autónoma. Por este motivo, la Procuraduría Regional del Atlántico será la única entidad encargada de destrabar el proceso.
Como paso previo al envío formal del expediente, la Secretaría del CSU notificará individualmente a los consejeros señalados. Cada uno de ellos contará con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus respectivos descargos y observaciones.
Tropiezos recurrentes en el calendario electoral
La jornada de votación ya había registrado un primer inconveniente el pasado 26 de mayo en el mismo recinto de la Gobernación, fecha en la que se interpusieron recusaciones iniciales en contra de cinco de los miembros de la corporación. La nueva acción legal interpuesta abarca ahora al 100% de la mesa directiva, cerrando temporalmente la opción de escoger a los directivos de las diferentes facultades y al vocero empresarial.
Blindaje institucional ante riesgos de nulidad
La adopción de esta postura busca proteger a la Universidad del Atlántico de futuras demandas o sanciones administrativas. Los precedentes judiciales del Consejo de Estado —como la anulación previa de la elección de rector en la Universidad del Magdalena y casos similares en la Universidad de Cundinamarca— advierten que ignorar estos impedimentos vulnera el debido proceso y acarrea responsabilidades disciplinarias para los consejeros.
Mientras el Ministerio Público estudia los escritos y emite un veredicto definitivo, las votaciones universitarias permanecerán congeladas como la única vía legal para garantizar la transparencia institucional.
