El mandatario electo ordenó a Rodrigo Lara solicitar la intervención «urgente» del procurador Gregorio Eljach. La mayor preocupación radica en un proceso de $78.000 millones para elegir a los escoltas de la nueva administración.
El presidente electo de la República, Abelardo De La Espriella, lanzó una fuerte ofensiva institucional frente a las decisiones de contratación que se adelantan de manera prioritaria en la Unidad Nacional de Protección (UNP). El próximo mandatario impartió instrucciones directas a su ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, para que radique una solicitud formal de intervención urgente ante el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco.
La directriz presidencial busca blindar los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva en la entidad. El argumento central de la administración entrante es que los contratos en marcha comprometen de forma directa la seguridad del propio jefe de Estado que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, así como la de los miembros de su gabinete ministerial y demás protegidos del Estado.
La millonaria licitación de escoltas bajo la lupa
La principal alarma del Gobierno electo se concentra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, el cual cuenta con un presupuesto asignado que supera los $78.000 millones. Mediante este mecanismo, la UNP pretende contratar la prestación del servicio de escoltas destinados a las zonas de protección de alto nivel, incluyendo la cápsula de seguridad del presidente entrante y de sus ministros.
De acuerdo con el documento que se remitirá al Ministerio Público, la adjudicación de este millonario contrato está programada para realizarse antes de que expire el actual Gobierno. Para De La Espriella, este cronograma resulta inadmisible, puesto que impide al equipo técnico entrante evaluar la idoneidad y experiencia de las personas que cuidarán sus vidas.
“Se impide participar en la revisión de los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes tendrán a su cargo la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y de sus ministros”, señala la reclamación.
Bajo esa premisa, el nuevo Ejecutivo solicitó formalmente a la Procuraduría requerir la totalidad del expediente contractual y evaluar de manera inmediata su suspensión preventiva hasta que se realice el cambio de mando el 7 de agosto.
Más de 5.000 cargos en provisionalidad y botes bajo sospecha
La petición de control prioritario liderada por Rodrigo Lara Restrepo abarca otros tres frentes de contratación e incorporación de personal dentro de la UNP que despiertan serias dudas en la administración entrante:
- Nombramientos masivos: Se exige examinar la provisión de más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en calidad de provisionalidad. El equipo de De La Espriella cuestiona que la UNP avance en este proceso masivo cuando únicamente cerca de 900 vacantes contaban con el respaldo de un concurso de méritos legal.
- Compra de naves marítimas (SC-UNP-050-2026): Se pide vigilar con lupa la compra de 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios del país. Se solicita verificar la planeación, los tiempos de ejecución y si se garantizó la pluralidad de oferentes.
- Contratos exprés de julio: La solicitud incluye la inspección de seis procesos contractuales abiertos en el presente mes de julio de 2026 orientados a adquirir bienes para resguardos indígenas. El nuevo Gobierno sospecha que se pudieron unificar en un solo proceso para generar economías de escala y evitar la fragmentación de recursos públicos.
Con esta acción jurídica preventiva, el presidente electo Abelardo De La Espriella busca marcar una línea de austeridad y control administrativo estricto sobre las entidades de seguridad antes de su posesión oficial en la Plaza de Bolívar.
